LXII Legislatura del Edomex avala reforma contra “pensiones doradas”

Ana Lilia García Castelán

Toluca, México. El Congreso del Estado de México aprobó este jueves la reforma constitucional que limita las pensiones y jubilaciones del personal de confianza en organismos públicos, empresas del Estado, fideicomisos y entidades paraestatales a un máximo de la mitad del salario presidencial. La medida, conocida como la reforma contra las “pensiones doradas”, busca homologar beneficios y evitar privilegios excesivos en el sector público. 

La minuta, enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, modifica el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con ello, se establece que ninguna pensión o jubilación podrá superar el 50% de la remuneración del titular del Ejecutivo federal. 

Durante la sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, presidida por la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (Morena), se avaló el proyecto que también prohíbe que cualquier instrumento jurídico establezca condiciones que rebasen ese límite. 

La diputada Sara Alicia Ramírez de la O (PT) dio lectura a la minuta, en la que se precisan las excepciones:  personal de las Fuerzas Armadas;

pensiones derivadas de aportaciones voluntarias a cuentas individuales de ahorro para el retiro; pensiones provenientes de aportaciones sindicales en sistemas complementarios y la pensión no contributiva prevista en el artículo 4º constitucional. 

Uno de los puntos más relevantes es la aplicación retroactiva: todas las pensiones vigentes que no estén excluidas deberán ajustarse al nuevo límite. Además, se establece un plazo de 90 días naturales para que el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales adecuen sus marcos jurídicos conforme al decreto. 

La reforma se enmarca en la política de austeridad impulsada desde el Ejecutivo federal y busca reducir el gasto público destinado a pensiones elevadas. Con ello, se pretende avanzar hacia una mayor equidad social, eliminando privilegios que contrastaban con las pensiones mínimas de trabajadores y jubilados comunes.

Sin embargo, especialistas advierten que la retroactividad podría generar controversias legales, pues afecta derechos adquiridos de quienes ya gozaban de beneficios superiores. El debate se centra en si la medida representa un acto de justicia social o una vulneración de garantías laborales. 

Con la aprobación en el Estado de México, la reforma constitucional se consolida como parte de un esfuerzo nacional por limitar las llamadas “pensiones doradas”. El reto ahora será su implementación efectiva y la resolución de los posibles litigios que surjan en torno a su aplicación retroactiva.