Claudia Zavala Martínez
La ruptura de una pareja no necesariamente representa un problema para los hijos; el mayor riesgo aparece cuando la separación está acompañada de violencia, conflictos por custodia, incumplimiento de obligaciones económicas o disputas que se prolongan en los tribunales. En el Estado de México, miles de familias enfrentan cada año procesos de divorcio y asuntos relacionados con pensiones alimenticias, convivencia y guarda y custodia.
La separación de los padres suele presentarse como un asunto privado, pero sus consecuencias pueden extenderse a las escuelas, los servicios de salud, las instituciones de protección de la infancia y el sistema de justicia. Para niñas, niños y adolescentes, la manera en que se desarrolla la ruptura puede ser determinante para su estabilidad emocional, económica y familiar.
Las cifras muestran la dimensión del fenómeno. De acuerdo con el INEGI, durante 2024 se registraron 15 mil 61 divorcios en el Estado de México, mientras que se contabilizaron 63 mil 110 matrimonios. La entidad registró una tasa de 1.21 divorcios por cada mil habitantes de 18 años y más, por debajo del promedio nacional de 1.79.
Sin embargo, las estadísticas de divorcio no representan todas las separaciones de parejas con hijos, ya que una ruptura puede ocurrir sin que exista un divorcio legal. Esto significa que el número de familias que enfrentan cambios en su estructura, acuerdos de convivencia o problemas relacionados con manutención puede ser mayor al que reflejan exclusivamente los registros de divorcios.
Uno de los principales retos aparece cuando los padres no logran establecer acuerdos sobre guarda y custodia, convivencia o pensión alimenticia. En estos casos, los hijos pueden quedar en medio de una disputa entre adultos y ser expuestos reiteradamente a declaraciones, conflictos o procesos judiciales.
El propio Poder Judicial del Estado de México ha advertido sobre el impacto que pueden tener los procedimientos prolongados en niñas, niños y adolescentes. En su Agenda Estadística 2024 reportó 1,572 asuntos iniciados en el Juzgado en Línea Especializado en Materia de Violencia Familiar y de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, además de 3 mil 372 medidas de protección emitidas durante ese año.
En materia de pensión alimenticia, la Consejería Jurídica mexiquense señala que existen mecanismos para solicitar judicialmente el cumplimiento de esta obligación y que la Defensoría Pública puede brindar patrocinio jurídico en asuntos familiares, incluidos los relacionados con pensión alimenticia y guarda y custodia.
El factor económico
Después de una separación, la economía familiar también puede modificarse de manera importante. El hogar puede pasar de contar con dos fuentes de ingresos a depender principalmente de una, mientras permanecen gastos de alimentación, vivienda, educación, transporte y atención médica de los hijos.
La falta de cumplimiento de las obligaciones económicas puede convertirse en un nuevo conflicto y obligar al progenitor que tiene a los menores bajo su cuidado a recurrir a las instituciones de justicia. Por ello, la separación no solamente implica reorganizar la convivencia familiar, sino también garantizar que los derechos económicos de niñas, niños y adolescentes permanezcan protegidos.
La separación puede resultar todavía más compleja cuando existe violencia familiar. En estos casos, mantener el contacto entre los integrantes de la familia requiere medidas de protección y la intervención de las autoridades correspondientes.
Los datos disponibles muestran la magnitud de la violencia que afecta a la infancia mexiquense. En 2024, el Estado de México fue la entidad donde se atendió el mayor número de niñas, niños y adolescentes de 1 a 17 años por violencia familiar, concentrando aproximadamente uno de cada cuatro casos registrados en el país, de acuerdo con un análisis de datos de Salud e INEGI.
Un año antes, en 2023, hospitales mexiquenses atendieron a 4 mil 998 personas de 1 a 17 años por violencia familiar; 88.6 por ciento de esos casos correspondió a mujeres.
Estas cifras no permiten afirmar que los casos de violencia sean consecuencia de una separación. Sí muestran, en cambio, que los conflictos familiares y las situaciones de violencia constituyen un desafío relevante para las instituciones encargadas de proteger a la niñez.
Cuando una separación se transforma en una disputa prolongada, el impacto deja de ser exclusivamente familiar. Los juzgados deben atender controversias sobre divorcio, custodia, convivencia y alimentos; las instituciones de protección de menores pueden intervenir cuando existen riesgos para sus derechos; y las escuelas y servicios de salud pueden convertirse en espacios donde se detecten cambios en el comportamiento o necesidades de atención.
El SIPINNA del Estado de México tiene precisamente entre sus objetivos coordinar acciones de los distintos órdenes de gobierno para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como fortalecer mecanismos de prevención, protección y atención frente a las violencias.
Por ello, especialistas e instituciones coinciden en la importancia de colocar el interés superior de la niñez en el centro de cualquier proceso de separación. El objetivo no es impedir que una pareja termine su relación, sino evitar que los hijos sean utilizados como instrumento de conflicto o queden desprotegidos durante la transición hacia una nueva dinámica familiar.
La separación de los padres, por sí misma, no determina el futuro emocional o social de un menor. Lo que puede generar mayores consecuencias es la exposición constante a enfrentamientos, violencia, incertidumbre económica o la ruptura de los vínculos afectivos sin mecanismos adecuados de convivencia.
En el Estado de México, el desafío consiste en fortalecer la prevención, la mediación, la atención psicológica, la asesoría jurídica y los mecanismos que permitan garantizar alimentos y convivencia segura cuando corresponda.
Así, detrás de cada expediente de divorcio o disputa por custodia existe una realidad que las estadísticas no siempre muestran: niñas, niños y adolescentes que deben adaptarse a una nueva estructura familiar sin que sus derechos sean relegados por el conflicto entre los adultos.
