(Agencias)
Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba más de siete décadas viviendo en la misma vivienda de Madrid, fue desalojada este miércoles después de un operativo policial y tras cuatro intentos previos por ejecutar el desahucio.
Los hechos ocurrieron en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde desde la madrugada se desplegaron efectivos de la Policía Nacional para acordonar la zona y retirar las tiendas instaladas por integrantes del Sindicato de Inquilinas de Madrid, quienes mantenían una acampada para intentar impedir el desalojo.
Durante la mañana se registraron momentos de tensión entre los agentes y las personas concentradas en apoyo a la mujer. La organización denunció además restricciones para que periodistas pudieran acceder al lugar y cubrir el operativo.
El sindicato informó que había una oferta para que Maricarmen pudiera continuar en la vivienda mediante un contrato de alquiler, pero aseguró que la empresa propietaria, Urbasesa, rechazó la propuesta. La organización sostuvo que existía una alternativa para evitar que la mujer quedara sin hogar.
Después de más de seis horas de operativo, alrededor de las 13:00 horas, Maricarmen abandonó el edificio en camilla y acompañada por efectivos del SAMUR. La mujer tiene reconocida una discapacidad del 50 por ciento.
El caso había generado muestras de solidaridad durante los últimos días. Una escritora, que decidió mantener su identidad en reserva, se ofreció a cubrir parte del alquiler de Maricarmen con el objetivo de facilitar una negociación con los representantes legales de la empresa propietaria.
La acampada contó también con la presencia de representantes políticos y figuras públicas, entre ellos el diputado de Sumar Enrique Santiago y la eurodiputada Irene Montero. La cantante Ana Belén también acudió a una de las acciones de apoyo a la mujer.
Maricarmen había expresado públicamente su rechazo a abandonar la vivienda, donde aseguró haber vivido durante 71 años. El Sindicato de Inquilinas de Madrid calificó el caso como especialmente grave debido a la edad de la mujer y responsabilizó del dispositivo al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
El desalojo pone nuevamente en el centro del debate en España la situación de las personas mayores frente a los procedimientos de desahucio y el acceso a una vivienda, mientras las organizaciones de inquilinos reclaman alternativas para evitar que personas en situación de vulnerabilidad terminen sin hogar.
