El Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN), coordinado por el diputado Pablo Fernández, propuso imponer de cinco a 10 años de prisión a quienes, habiéndose abastecido o recibido insumos, productos o servicios en una gasolinera, eviten el pago respectivo o se den a la fuga, esto con el fin de sancionar la acción de no pagar el combustible solicitado en una gasolinera
La penalidad contra esta conducta, equiparable al robo, se dictará sin perjuicio de las que correspondan por la comisión de otros delitos, puntualiza la iniciativa que presentó la diputada Emma Alvarez.
El Grupo Parlamentario del PAN, coordinado por el diputado Pablo Fernández de Cevallos González, propuso imponer de cinco a 10 años de prisión a quienes, habiéndose abastecido o recibido insumos, productos o servicios en una unidad económica, eviten el pago respectivo o se den a la fuga a bordo de un vehículo, esto con el fin de sancionar la acción de no pagar el combustible solicitado en una gasolinera
Redacción El Monitor
Toluca, México.- De acuerdo con la iniciativa de reforma al Código Penal de la entidad, presentada ante el Pleno de la LXII Legislatura mexiquense por la diputada Emma Laura Alvarez Villavicencio (PAN), esta conducta, considerada equiparable al robo, sería sancionada sin perjuicio de las penas que correspondan por la comisión de otros delitos.
En este sentido, a la sanción propuesta se sumarían las penas previstas en el Código Penal para el delito de robo, de acuerdo con su modalidad y el valor de lo robado. Estas van desde seis meses de prisión cuando el monto no excede de 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (3 mil 519.30 pesos en 2026), hasta 12 años cuando supera las 2 mil veces esa unidad (234 mil 620 pesos).
En su presentación, la legisladora Emma Alvarez afirmó que no hay lugar para la indiferencia ni el silencio frente a una conducta delictiva que se ha normalizado y que, actualmente, destruye patrimonios, contamina el entorno y pone en riesgo la vida de las personas trabajadoras de las gasolineras. Enfatizó que aquello que algunos califican con ligereza como una simple travesura o una disputa mercantil constituye, en realidad, un delito de alta peligrosidad para nuestra entidad.
El documento señala que las estaciones de servicio y expendio de combustibles constituyen unidades económicas esenciales para la movilidad, el transporte público, la logística de mercancías y el dinamismo productivo en los 125 municipios de la entidad.
Añade que tales estaciones no solo comercializan un insumo de primera necesidad, sino que generan empleos formales en la entidad, particularmente para miles de personas trabajadoras despachadoras, cuya subsistencia depende directamente de la estabilidad y seguridad en sus centros de trabajo.
En este contexto, detalló que, en los últimos años, y de manera acentuada en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y del Valle de México, se ha incrementado un patrón delictivo que consiste en que las personas conductoras acuden a las estaciones de servicio y solicitan el abastecimiento de combustible en el tanque de sus vehículos.
Una vez suministrado el producto, las personas conductoras emprenden una huida intempestiva y a alta velocidad a bordo de la propia unidad para evitar realizar el pago correspondiente, práctica que atenta gravemente contra el patrimonio de los establecimientos y la seguridad de las personas.
La conducta, precisa la propuesta, no constituye un mero «incumplimiento de pago de carácter mercantil», sino un delito de robo con alto grado de peligrosidad social que conlleva afectaciones patrimoniales, riesgos físicos y de protección civil, así como impunidad.
