(Agencias)
Ciudad de México.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó irregularidades por cientos de millones de pesos en el manejo de recursos destinados al sector educativo, correspondientes a ejercicios fiscales revisados desde 2018, revelando pagos indebidos, transferencias sin justificación y deficiencias en los mecanismos de control del gasto público.
De acuerdo con los informes de fiscalización, las observaciones se concentran principalmente en recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), mediante el cual se cubren salarios y prestaciones de trabajadores de la educación en las entidades federativas.
Las auditorías detectaron pagos a personas que no acreditaron funciones docentes o administrativas, trabajadores con plazas incompatibles, empleados comisionados a actividades ajenas al sistema educativo e incluso beneficiarios que continuaron recibiendo remuneraciones pese a no encontrarse en activo.
La ASF también documentó casos en los que los gobiernos estatales no pudieron comprobar el destino de recursos federales transferidos para educación, situación que derivó en observaciones y promociones de responsabilidad administrativa para diversos servidores públicos.
Especialistas en transparencia señalaron que este tipo de irregularidades representan un riesgo para la calidad educativa, ya que recursos destinados a infraestructura, equipamiento y fortalecimiento académico terminan siendo utilizados de manera ineficiente o fuera de los fines para los que fueron autorizados.
Si bien las observaciones de la Auditoría no constituyen automáticamente un delito, sí obligan a las autoridades responsables a aclarar el uso de los recursos o, en su caso, reintegrar los montos observados a la Tesorería de la Federación.
La ASF continuará con los procesos de seguimiento para determinar si las irregularidades detectadas derivan en sanciones administrativas, procedimientos resarcitorios o denuncias ante las instancias competentes.
Los hallazgos reavivan el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas en el sistema educativo nacional, uno de los sectores que recibe mayores recursos del presupuesto público cada año.
