(Agencias)
Ciudad de México.- Las negociaciones entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Secretaría de Gobernación (Segob) continúan sin alcanzar acuerdos respecto a una de las principales demandas del magisterio disidente: la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.
Tras una nueva mesa de diálogo con representantes de la CNTE, la titular de Gobernación, la secretaria Rosa Icela Rodríguez, reiteró que la eliminación de la legislación actual tendría un impacto significativo en las finanzas públicas, por lo que el gobierno federal mantiene reservas sobre dicha propuesta.
La funcionaria explicó que diversos análisis técnicos advierten que regresar al esquema anterior de pensiones implicaría un incremento considerable en el gasto público y pondría presión sobre la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social.
Por su parte, los dirigentes de la CNTE insistieron en que la Ley del ISSSTE de 2007 afectó los derechos laborales y de retiro de los trabajadores al sustituir el sistema solidario por cuentas individuales administradas por las Afores. El magisterio exige la derogación total de la reforma y la construcción de un nuevo modelo pensionario que garantice jubilaciones dignas.
Aunque ambas partes coincidieron en mantener abiertas las mesas de diálogo, no se reportaron avances sustanciales en torno a la demanda central del movimiento. Los representantes sindicales señalaron que continuarán con acciones de presión y movilizaciones mientras no exista una respuesta favorable por parte de las autoridades.
El debate sobre la Ley del ISSSTE se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión entre la CNTE y el gobierno federal. Mientras el sindicato sostiene que la reforma perjudicó a miles de trabajadores, la administración federal argumenta que una abrogación total tendría efectos presupuestales de gran magnitud y podría comprometer la viabilidad financiera del sistema de pensiones.
La falta de consensos mantiene abierto un conflicto que involucra a cientos de miles de trabajadores del Estado y que seguirá ocupando un lugar prioritario en la agenda política y laboral del país.
