La iniciativa también contempla contratos registrados, avisos de desocupación con 90 días de anticipación y garantías de habitabilidad para quienes rentan una vivienda.
Redacción El Monitor
Toluca, México.- Con el propósito de brindar mayor seguridad jurídica a las personas que habitan una vivienda rentada, el diputado de Morena, Octavio Martínez Vargas, presentó una iniciativa para establecer que los incrementos en las rentas no superen la inflación anual, además de regular los plazos de arrendamiento y las condiciones para dar por terminado un contrato.
La propuesta, presentada ante la LXII Legislatura del Estado de México, contempla reformas al Código Civil y a la Ley de Vivienda para reconocer el arrendamiento como una modalidad legítima de acceso a una vivienda digna y asequible.
De acuerdo con el legislador, la entidad cuenta con 5 millones 232 mil 428 viviendas, de las cuales alrededor de un millón son habitadas bajo el esquema de renta, lo que representa a cerca de 3 millones 700 mil mexiquenses.
Martínez Vargas señaló que las personas que rentan enfrentan dificultades para acceder a una vivienda propia, principalmente por la falta de financiamiento hipotecario, por lo que consideró necesario fortalecer las garantías legales para quienes recurren al arrendamiento.
Entre los principales puntos de la iniciativa se encuentra que los contratos establezcan expresamente el monto de la renta, el lugar y la fecha de pago, así como la disposición de que cualquier incremento durante la renovación sea igual o menor a la inflación registrada por el Banco de México durante el año inmediato anterior.
También se plantea que, cuando no se establezca un plazo para el arrendamiento, se aplique el máximo previsto en la legislación vigente, correspondiente a tres años para inmuebles urbanos destinados a casa habitación.
En cuanto a la terminación de los contratos, la propuesta establece que tanto propietarios como inquilinos deberán notificar por escrito su intención de concluir el arrendamiento con al menos 90 días naturales de anticipación. Esta disposición también aplicaría cuando el contrato se haya prorrogado de manera tácita.
Las notificaciones deberán realizarse mediante mecanismos que permitan comprobar su recepción, con el objetivo de evitar desalojos arbitrarios y brindar certeza a ambas partes.Otro de los planteamientos consiste en crear un Registro Digital de Contratos de Arrendamiento, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura, a través del Sistema Estatal de Vivienda.
El registro, que no sería público, deberá realizarse dentro de los 30 días hábiles posteriores a la celebración del contrato y permitiría contar con información electrónica sobre las viviendas destinadas a renta en la entidad.
La iniciativa también establece que los propietarios deberán garantizar que los inmuebles arrendados cuenten con los servicios básicos necesarios para su habitabilidad.Asimismo, propone ampliar las atribuciones de las autoridades estatales y municipales para impulsar el arrendamiento digno, así como incorporar apoyos económicos y facilidades administrativas para personas en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.
De aprobarse, la Política Estatal de Vivienda tendría que contemplar acciones para facilitar el acceso a una casa, tanto en propiedad como mediante renta, además de impulsar alternativas para quienes no cuentan con acceso a créditos hipotecarios.
El planteamiento busca incorporar el arrendamiento como una estrategia central de la política habitacional mexiquense, con el objetivo de ampliar las opciones de acceso a vivienda, reducir el endeudamiento de los hogares y favorecer la movilidad laboral y educativa.La propuesta deberá continuar su proceso legislativo para determinar si las medidas planteadas se incorporan al marco jurídico del Estado de México.
