Claudia Zavala Martínez
Estado de México.- Cada quincena, millones de trabajadores mexiquenses ven reflejada en su salario una aportación destinada a la seguridad social. Ese descuento representa, en teoría, el acceso a consultas médicas, medicamentos, estudios, cirugías, atención hospitalaria y servicios especializados. Sin embargo, para miles de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), obtener una atención oportuna se ha convertido en un proceso marcado por largas esperas, saturación, falta de medicamentos y hospitales que durante años han operado al límite de su capacidad.
El problema no es menor en una entidad con una enorme concentración poblacional y una creciente demanda de servicios médicos. El propio IMSS reconoce en su Presupuesto de Egresos 2026 que el crecimiento de la población derechohabiente exige ampliar significativamente la oferta de servicios de salud. El documento establece como uno de los principales objetivos garantizar la oportunidad en la provisión de servicios médicos y en la entrega de medicamentos.
La presión sobre la infraestructura es particularmente evidente en la zona oriente del Estado de México. El IMSS anunció un programa de 28 acciones de infraestructura con una inversión de 12 mil 438 millones de pesos, que contempla hospitales, Unidades de Medicina Familiar y otros proyectos para atender a alrededor de 5 millones de derechohabientes en 10 municipios.
La magnitud de esta inversión también exhibe el tamaño del rezago. Entre los proyectos se encuentra el nuevo Hospital General Regional de Chimalhuacán, con 260 camas censables, cinco quirófanos y 34 consultorios de especialidad. También se proyectan nuevas unidades en Tlalnepantla y Valle de Chalco, mientras que en Ecatepec fue concluida la UMF No. 93 Cerro Gordo, con 47 consultorios y una inversión de 537.7 millones de pesos.
Pero construir hospitales y ampliar consultorios no resuelve por sí solo el problema de fondo. La atención médica requiere médicos, enfermeras, especialistas, medicamentos, equipos funcionando y capacidad suficiente para responder a una población que crece. En 2026, el IMSS informó la incorporación de mil 123 médicos especialistas al Estado de México, destinados a fortalecer 85 Unidades de Medicina Familiar y 20 hospitales.
El abasto de medicamentos constituye otro de los puntos sensibles. El IMSS informó que entre octubre de 2025 y marzo de 2026 surtió 371.2 millones de piezas de medicamentos en sus unidades médicas a nivel nacional y señaló que 94 por ciento de las recetas ya se realizan electrónicamente. La institución también cuenta con módulos de Trato Digno para atender casos en los que los medicamentos no están disponibles en la unidad correspondiente.
La existencia de estos mecanismos, sin embargo, evidencia que el acceso efectivo a los medicamentos sigue siendo un asunto que requiere seguimiento. Para un paciente con una enfermedad crónica, una receta sin surtir no representa solamente una molestia administrativa: puede significar tener que comprar el medicamento con recursos propios o retrasar un tratamiento.
Y ahí aparece una de las mayores contradicciones del sistema: el trabajador aporta durante su vida laboral para contar con seguridad social, pero cuando necesita utilizarla puede encontrarse con servicios saturados o insuficientes.
El derechohabiente no solamente enfrenta el costo de la consulta privada cuando el IMSS no puede atenderlo oportunamente. También puede tener que pagar medicamentos, estudios de laboratorio, traslados, consultas con especialistas y procedimientos que no consigue con la rapidez necesaria dentro del sistema público.
La infraestructura tampoco es un asunto menor. El IMSS reconoció que existen instalaciones que requieren mantenimiento y rehabilitación. En 2025 destinó más de 7 mil 400 millones de pesos a conservación, mantenimiento y rehabilitación de ocho proyectos estratégicos a nivel nacional. Además, anunció un programa de 10 mil 494 millones de pesos para renovar 25 mil 66 equipos electromecánicos que habían llegado al final de su vida útil o presentaban deficiencias.
Estos recursos representan una inversión considerable, pero también permiten dimensionar cuánto tiempo se acumularon las necesidades de mantenimiento y renovación dentro del instituto.
En el Estado de México, el desafío se vuelve todavía más complejo por la concentración de población y la movilidad cotidiana entre municipios mexiquenses y la Ciudad de México. Miles de pacientes deben trasladarse para recibir atención especializada, realizar estudios o conseguir una cita que no está disponible en su unidad de adscripción.
El caso de Nicolás Romero es ilustrativo: el IMSS proyectó un Hospital General Regional de 260 camas, con una inversión estimada de 3 mil 963 millones de pesos, debido a que cerca de 1.98 millones de derechohabientes de la zona actualmente son atendidos en cinco unidades médicas de segundo nivel ubicadas en Toluca y la zona conurbada con la Ciudad de México.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿cuánto tiempo puede funcionar un sistema de seguridad social cuando la demanda crece más rápido que su capacidad de atención?
La respuesta no está únicamente en aumentar el presupuesto. También implica garantizar que cada peso destinado a salud se traduzca en infraestructura funcional, personal suficiente, medicamentos disponibles, equipos operativos y citas en tiempos razonables.
Porque para el trabajador que recibe su salario con un descuento destinado al IMSS, la seguridad social no es un favor ni un servicio gratuito. Es una prestación financiada mediante las aportaciones correspondientes y un derecho reconocido por la legislación mexicana.
La discusión sobre la calidad del IMSS en el Estado de México, por ello, no debería reducirse a cuántos hospitales se construyen o cuánto dinero se anuncia para infraestructura. El verdadero indicador tendría que ser mucho más sencillo: cuánto tarda un derechohabiente en recibir atención cuando la necesita y cuánto tiene que pagar de su propio bolsillo cuando el sistema no puede proporcionársela.
El reto para el IMSS mexiquense es cerrar esa brecha. Las inversiones anunciadas y la incorporación de especialistas representan avances, pero mientras persistan consultas saturadas, infraestructura insuficiente, equipos fuera de servicio o dificultades para obtener medicamentos, la seguridad social seguirá siendo para muchas familias una promesa que no siempre se cumple en el momento más importante: cuando la enfermedad llega.
