Redacción El Monitor
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo vinculación a proceso contra 26 personas presuntamente relacionadas con una red de aviadores que operaba mediante la asignación ilegal de plazas del Gobierno estatal, principalmente en áreas vinculadas a Educación, Finanzas, Seguridad, la Oficialía Mayor y la actual SECTI.
De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, el esquema habría operado al menos desde 2021 a través de altas irregulares de personal que no realizaba las funciones para las que fue contratado, pero que sí cobraba recursos públicos por concepto de nómina. Hasta el momento, el daño acreditado supera los 96 millones de pesos solo entre enero de 2025 y febrero de 2026.
La investigación inició a partir de denuncias presentadas por el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, por 459 movimientos de alta de personal en plazas docentes, luego de detectar que los supuestos servidores públicos no ejercían actividad alguna en los centros de trabajo donde aparecían asignados.
Entre los investigados figuran dos exsubsecretarios, dos exdirectores generales, delegados administrativos, coordinadores de delegaciones, directores de área, subdirectores, capturistas y particulares que habrían funcionado como reclutadores de personas utilizadas para simular contrataciones.
La Fiscalía señaló que dentro de la red participaron exfuncionarios de la administración estatal 2017-2023, así como servidores públicos de la actual administración adscritos a la Oficialía Mayor y la SECTI. Varios de los implicados mantenían vínculos familiares o relaciones de confianza, lo que habría permitido conservar el esquema aun cuando algunos dejaban el cargo y eran sustituidos por otros integrantes de la misma estructura.
Las irregularidades fueron detectadas en expedientes de personal que no contaban con soporte documental suficiente para justificar las altas como docentes. A pesar de ello, los registros fueron ingresados en el Sistema Integral para la Gestión Administrativa de Personal y en la plataforma de nómina utilizada para dispersar los pagos.
El mecanismo consistía en reclutar personas cercanas, principalmente familiares y conocidos, para darlas de alta en plazas oficiales. Una vez generado el pago, los reclutadores o terceros retenían las tarjetas bancarias y retiraban los recursos, entregando solo una cantidad mínima a los supuestos trabajadores.
En algunos casos, de cada 200 mil pesos cobrados por concepto de sueldo, los falsos docentes recibían apenas seis mil pesos, mientras que los operadores de mayor rango se quedaban con la mayor parte del dinero. También se detectaron movimientos realizados durante la madrugada y el uso alternado de cuentas para ocultar las altas irregulares.
Los falsos docentes fueron asignados a planteles educativos inactivos ubicados en municipios como Almoloya de Alquisiras, Amecameca, Ecatepec, Luvianos, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Metepec, Tejupilco, Texcoco, Toluca, Zinacantepec y Zumpango, con el propósito de evitar que fueran detectados por las autoridades educativas.
La Fiscalía también documentó mensajes en los que presuntos reclutadores alertaban a los beneficiarios para cancelar cuentas de nómina y negar cualquier relación con el Gobierno estatal en caso de ser requeridos por alguna autoridad, luego de que comenzaron las auditorías.
Además del dinero obtenido por las plazas simuladas, varios de los investigados se habrían asignado una o más plazas docentes con salarios cercanos a los 50 mil pesos mensuales, las cuales mantenían mediante licencias irregulares para utilizarlas con fines jubilatorios o como respaldo laboral en caso de perder cargos de confianza.
La investigación también refiere que el nivel de vida de algunos implicados no correspondía con sus ingresos como servidores públicos, al detectarse viajes a destinos como París, Dubái, Las Vegas, Islas del Caribe, China y Egipto, además de vehículos, ropa, accesorios de alta gama e inmuebles de alta plusvalía.
De los 33 investigados, 27 fueron detenidos y quedaron bajo prisión preventiva justificada en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Uno más está pendiente de que se resuelva su situación jurídica y cinco promovieron juicios de amparo contra las órdenes de aprehensión.
Entre los principales señalados se encuentra Óscar “N”, exsubsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas entre 2021 y 2023, así como Sergio Andrés “N”, exsubsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación durante la administración anterior.
La Fiscalía imputó delitos de fraude y abuso de autoridad, y advirtió que las penas podrían acumularse por cada alta irregular detectada, debido a que se trataría de actos independientes cometidos en distintos momentos. El expediente consta de 30 tomos y alrededor de 12 mil fojas con entrevistas, periciales, documentales, inspecciones y otros datos de prueba.
El caso representa una de las investigaciones más amplias contra una presunta red de corrupción administrativa en el Gobierno del Estado de México, al involucrar a exfuncionarios, servidores públicos en activo, operadores internos y particulares que habrían utilizado plazas docentes para extraer recursos públicos mediante una estructura sostenida durante varios años.
