El camino hacia los comicios de 2027 en el Estado de México proyecta una paradoja institucional constante en el sistema electoral mexicano. El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) solicitó un Presupuesto de Egresos de 3,995 millones de pesos para renovar las diputaciones locales y las 125 alcaldías mexiquenses. Sin embargo, bajo la premisa de una administración austera impulsada por su presidenta, Amalia Pulido Gómez, la institución muestra que se pueden contener los gastos operativos, garantizando técnicamente la contienda en la entidad con el padrón electoral más grande del país.
No obstante, el contraste presupuestal resulta revelador. Mientras el financiamiento público a los partidos políticos incrementará 11% en términos reales respecto a 2024 – alcanzando más de 1,447 millones de pesos debido a una fórmula fijada por ley-, el gasto puramente operativo del IEEM sufrirá una reducción del 5.5%. En la práctica, esto significa que las fuerzas políticas incrementan sus arcas, mientras que el árbitro electoral debe absorber dicho aumento mediante recortes y ahorros internos para mantener operativas sus funciones esenciales.
Esta reestructuración financiera se refleja de forma drástica en el costo por elector. A pesar de que el padrón mexiquense supera ya los 13.3 millones de personas, el IEEM reducirá el costo operativo por ciudadano a 190 pesos para 2027, lo que equivale a una disminución del 13% acumulada en tres procesos electorales equivalentes. En otras palabras, la autoridad electoral está obligada a optimizar cada peso del 62% de su presupuesto destinado a la operación real, pagando nóminas eventuales, rentas de órganos desconcentrados, boletas y la logística del PREP.
Aquí radica el reto crítico de esta ecuación financiera: mientras la ley protege ciegamente las ministraciones de los partidos políticos y estos concentran una tajada desproporcionada del presupuesto público, la autoridad electoral se ve forzada a hacer cada vez más con menos. Exigirle al árbitro democrático que sostenga una infraestructura técnica sofisticada, combata la desinformación y garantice la certeza en el proceso con recursos operativos menguantes vuelve sumamente cuesta arriba la labor de fomentar la participación ciudadana y motivar la confianza en las urnas.
Es indiscutible la necesidad de un uso eficiente y transparente de los recursos públicos en todas las instancias gubernamentales. Sin embargo, la brecha entre el blindaje financiero del que gozan las fuerzas partidistas y la austeridad impuesta a la institución encargada de organizar la elección invita a una reflexión indispensable. La equidad democrática no solo requiere reglas claras durante las campañas, sino también un equilibrio financiero real donde los incentivos no se queden en la clase política mientras el órgano garante opera en el límite de su margen financiero.
R a s t r e a n d o
La decisión del la LXII Legislatura del Congreso del Estado de México de no aplicar nuevos impuestos ni aumentos desmedidos representa una postura responsable e indispensable ante la realidad actual. En un contexto económico sumamente complejo, donde la inflación constante ya merma de manera significativa el poder adquisitivo de los hogares mexiquenses y eleva el costo de vida, la ciudadanía no cuenta con el margen ni la capacidad financiera para soportar cargas fiscales adicionales o incrementos desproporcionados en el pago del impuesto predial.
Por ello, el compromiso expresado por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Vázquez Rodríguez, de acotar cualquier ajuste estrictamente a la inflación y alinearse a la instrucción gubernamental de proteger el bolsillo familiar resulta un acierto oportuno. En momentos en que la prioridad debe ser la reactivación económica y la estabilidad financiera de las familias, garantizar certidumbre tributaria y cerrar la puerta a las especulaciones o sorpresas en las contribuciones locales es el único camino viable para sostener la economía popular…
@anali400300