En el Estado de México, la violencia no sólo arrebata vidas y asfixia comercios: también expulsa. Los datos de la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI revelan una realidad devastadora y silenciada: 67.4 mil hogares mexiquenses tuvieron que desplazar a al menos uno de sus integrantes debido a la violencia e inseguridad, a los que se suman 14.1 mil hogares más obligados a huir por desastres.
Esta movilización masiva responde al fenómeno del Desplazamiento Forzado Interno (DFI), un azote que vulnera los derechos humanos y quiebra el tejido social en la entidad más poblada del país, habitada por 17.6 millones de personas. Como señalan especialistas de la UNAM y la UAM, el DFI refleja crisis profundas impulsadas por el crimen organizado, las disputas territoriales y el acoso cotidiano a las comunidades, reduciendo la supervivencia de las familias más pobres a abandonar su escaso patrimonio.
El caso de Texcaltitlán en diciembre de 2023 es la muestra viviente de este colapso territorial. Tras la trágica rebelión comunitaria contra el cobro de piso de un grupo delictivo -que dejó 14 personas muertas-, decenas de pobladores no tuvieron más opción que marchar hacia otras regiones para salvar la piel, mientras otros vecinos aún continúan desaparecidos.
Esta estampida es el resultado lógico de vivir bajo el asedio criminal permanente. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de junio de 2026, el miedo también reina en las urbes mexiquenses: el 80.3% de los residentes en Chimalhuacán se sienten inseguros, seguidos por Ecatepec (78.7%), Cuautitlán Izcalli (74.9%), Tlalnepantla (73%), y tanto Toluca como Naucalpan con un alarmante 71%, seguidas de otras demarcación es, donde la delincuencia también se ha convertido en una amenaza latente…
Cuando siete de cada diez habitantes en las principales ciudades del estado viven con temor y miles de familias se ven forzadas a meter su vida en una maleta para no ser ejecutadas o extorsionadas, es evidente que el pacto social se encuentra roto por completo. Reconocer el DFI en las mediciones del INEGI era un paso necesario; ahora es imperante que las autoridades actúen antes de que el Edomex termine por vaciar sus comunidades a manos del crimen.
R a s t r e a n d o
La propuesta de blindar legalmente un incremento anual mínimo del 10 % para el presupuesto del campo mexiquense, presentada por la diputada Lety Mejía García, representa un paso indispensable para devolver la certidumbre y la justicia social al sector agrícola. Frente al alza continua en los costos de fertilizantes, combustibles y maquinaria, y la desventaja frente al mercado extranjero, establecer este techo financiero progresivo garantizaría que los productores locales no queden a merced de recortes coyunturales ni de la improvisación política. Más que un ajuste presupuestal, se trata de una estrategia de visión a largo plazo que permitirá tecnificar el agro, elevar su competitividad y dignificar el trabajo de miles de familias…
Finalmente el otorgamiento de la Indicación Geográfica Protegida al Árbol de la Vida de Metepec marca un precedente crucial para el patrimonio del Edomex, pues trasciende un mero trámite burocrático para convertirse en un blindaje de la identidad popular frente a la apropiación y el plagio internacional. Esta declaratoria del IMPI no solo otorga valor comercial y certeza jurídica al sublime trabajo de las familias artesanas mexiquenses, también traza una ruta clara para dignificar otras expresiones tradicionales de la región, como el rebozo de Tenancingo o el tapete de Temoaya, demostrando que la cultura originaria no es solo un legado del pasado, sino un activo vivo y competitivo que merece ser protegido y proyectado al mundo…
@anali400300