Ana Lilia García Castelán
La realidad política en el Edomex ha superado con creces a la ficción más retorcida. Lo que ocurre en el municipio de Tenancingo no es sólo un escándalo judicial; es el retrato hablado del cinismo institucionalizado. La trama que envuelve a la aún alcaldesa, Nancy Nápoles Pacheco, parece extraída de una novela policiaca de baja estofa, pero sus consecuencias golpean directamente las arcas públicas y la confianza de los ciudadanos. Hagamos memoria. A principios de junio de 2026, la alcaldesa denunció haber sido víctima de un violento secuestro del cual, milagrosamente, logró escapar, sin embargo, las costuras del relato no tardaron en botarse ante la FGJEM. Lo que inicialmente se vendió como un drama criminal mutó rápidamente, según las investigaciones ministeriales, en una grotesca puesta en escena: un autosecuestro planeado minuciosamente desde febrero junto a su esposo y su cuñado.
El móvil es escalofriante. De acuerdo con las indagatorias de las autoridades, el objetivo de fingir la privación de su libertad era exigir un rescate de 40 millones de pesos pagados con recursos del propio Ayuntamiento. La maniobra no era un acto de codicia azarosa, sino un salvavidas financiero de emergencia criminal: pretendían usar el dinero del rescate para «tapar» y justificar un desfalco millonario en la administración municipal de Tenancingo. Es decir, subsanar la corrupción con más delincuencia organizada desde el poder. Ante el peso de las órdenes de aprehensión vigentes contra sus familiares y la inminente audiencia de imputación programada para el próximo 9 de julio, la respuesta de Nápoles ha seguido el manual clásico del político acorralado, lejos de rendir cuentas claras, se ha declarado víctima de una «narrativa facciosa», ha denunciado a periodistas por cuestionarla e, increíblemente, ha intentado arrastrar al lodo al propio aparato estatal.
La alcaldesa ha acusado abiertamente a subalternos que operan en territorio bajo las órdenes directas de la Secretaría General de Gobierno del Edomex de estar detrás de lo que ella llama una «operación política» para desacreditarla. La reacción del secretario Horacio Duarte Olivares fue tajante: las acusaciones deben sostenerse con pruebas, no con declaraciones mediáticas. Y tiene razón. Patalear apuntando hacia las altas esferas del gobierno mexiquense parece más una cortina de humo -una maniobra de distracción para victimizarse- que una defensa jurídica sólida.
El cisma ya provocó que Morena suspendiera de oficio sus derechos partidistas y la destituyera de la presidencia del Consejo Estatal del partido, un control de daños necesario pero insuficiente. Mientras tanto, Tenancingo sigue bajo el mando formal de una edil imputada por falsedad y simulación de un delito de alto impacto, un municipio atrapado en el limbo de la ingobernabilidad.
Si se comprueba el desfalco y la simulación del secuestro, no sólo estaremos ante un delito patrimonial y penal sin precedentes en la región sur del Edomex, sino ante la confirmación de que para algunos gobernantes el erario es un botín personal y la justicia, un escenario de utilería. Por otro, no es casual que el caso estalle justo en el momento en que el senador de Morena, Higinio Martínez Miranda defiende que su grupo ‘Mexiquenses de Corazón’, no sea desplazado de las candidaturas a las alcaldías y diputaciones (locales y federales) rumbo a las elecciones intermedias del 2027; Nápoles es «su alcaldesa» incondicional, aunado a que ésta es la presidenta del Consejo Político Estatal de Morena, es decir, el ancla de Martínez Miranda en los cónclaves para la toma de decisiones en el partido guinda… Ante eso, es urgente conocer la postura del Senador en torno a este escándalo…
R a s t r e a n d o
La violenta confrontación hace una semana en San Pedro Atlapulco, rn el municipio de Ocoyoacac no es un hecho aislado, sino el síntoma alarmante de un Edoméx que opera como un aserradero clandestino ante la condenable inacción de las autoridades. Que las brigadas comunitarias tengan que arriesgar la vida bajo el fuego de los talamontes para defender el Bosque de Agua -mientras el apoyo oficial jamás llega-, demuestra que el gobierno ha abandonado su obligación primaria de garantizar la seguridad y el orden. La tala ilegal ya no sólo devasta decenas de hectáreas y seca manantiales cruciales en el Nevado de Toluca y Xonacatlán, sino que camina de la mano con la peor cara del crimen organizado, como lo evidencia el macabro hallazgo de fosas clandestinas en La Marquesa. Cuando las instituciones fallan de forma tan sistémica, la decisión de los comuneros de quemar vehículos y bloquear vías deja de ser un simple acto de justicia por mano propia; se convierte en el último recurso de comunidades atrapadas entre el ecocidio, la violencia criminal y un preocupante vacío de poder…
@anali400300