El trabajo de la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de México durante el primer semestre de 2026 demuestra que, cuando las fuerzas políticas coordinan prioridades con el Ejecutivo, el ritmo parlamentario marca la pauta de la vida pública. La aprobación de un paquete de reformas en áreas clave -desde salud y protección social hasta medio ambiente y educación-, refleja un claro intento por actualizar el marco normativo estatal frente a las exigencias del presente. Impulsadas en su mayoría por el grupo parlamentario de Morena, pero alimentadas también por aportaciones plurales, estas decisiones sientan las bases de una reestructuración institucional de gran calado.
El cambio de mayor impacto institucional radica en la armonización del sistema de justicia local con los mandatos federales. Al calendarizar la renovación del Poder Judicial mexiquense para junio de 2028, rediseñar la geografía judicial a través de regiones y distritos electorales, y crear una comisión coordinadora tripartita, el Congreso local no solo atiende la reforma constitucional federal de 2024, también da el primer paso hacia una reconfiguración profunda en la administración de justicia. Esta transición requerirá un seguimiento minucioso para garantizar que la representación popular y la idoneidad técnica de los juzgadores caminen de la mano.
Paralelamente, las reformas político-electorales enviaron señales contundentes en materia de ética pública y austeridad. La eliminación de la reelección inmediata de diputaciones, el cambio de inicio del proceso electoral estatal a septiembre y la fijación del presupuesto del Congreso en un tope del 0.70% del Presupuesto de Egresos son medidas que responden al reclamo ciudadano de una política menos costosa y más transparente.
Asimismo, la tipificación del nepotismo como falta administrativa grave -con inhabilitaciones de hasta 20 años-, impone un freno indispensable a una de las prácticas más arraigadas en la función pública.
En el plano de los derechos y la protección social, la Legislatura dio pasos decisivos al renovar el catálogo legal del estado. La promulgación de la nueva Ley de Salud y la expedición de la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal -que finalmente reconoce a los animales como seres sintientes- colocan a la entidad a la vanguardia legislativa. A la par, el fortalecimiento de las penas contra la violencia digital y la violencia vicaria (esta última con sanciones severas que incluyen la pérdida de la patria potestad) dota a las autoridades de herramientas reales para proteger la integridad y los derechos de las mujeres en entornos donde la vulnerabilidad suele ser mayor.
Finalmente, el balance de este periodo ordinario y sus extraordinarios incluye un compromiso explícito con la sustentabilidad y el entorno cotidiano de las comunidades. Las elevadas penas contra los delitos ambientales y las directrices presupuestales para que los ayuntamientos prioricen áreas verdes se articulan con decisiones de orden práctico en el ámbito educativo, como la regulación del uso de dispositivos electrónicos en escuelas de educación básica. La LXII Legislatura concluyó así un ciclo determinante: el reto de los próximos meses ya no estará en el recinto legislativo, sino en la capacidad de las instituciones mexiquenses para aterrizar este ambicioso marco legal en beneficios palpables para la ciudadanía, pir lo que se espera que el próximo período de series sea igual o más productivo…
R a s t r e a n d o
El cruento enfrentamiento armado registrado en la colonia Industrial San Buenaventura, en Tlalnepantla, expone con crudeza el nivel de desamparo e impunidad con el que opera el crimen organizado en el Estado de México. Que dos bandas rivales armadas hayan desatado una prolongada balacera por el control del territorio, – generando largos minutos de auténtico terror entre los residentes y dejando fachadas perforadas y vehículos dañados por los impactos de bala de armas de alto calibre-, refleja una dinámica violenta donde la vía pública se ha convertido en campo de batalla. La escena, documentada por cámaras de seguridad mientras las familias se resguardaban en el suelo de sus propios hogares, evidencia que la población civil continúa pagando el costo directo de las disputas por el narcomenudeo local.
Más allá de la agresividad de las bandas involucradas, el aspecto más preocupante del incidente radica en la imperdonable ausencia de la fuerza pública durante el desarrollo del conflicto. La falta de respuesta inmediata por parte de las autoridades municipales y estatales deja al descubierto fallas estructurales en las estrategias de patrullaje y prevención en zonas de alto riesgo. Limitar la actuación gubernamental a la llegada posterior para acordonar la zona e iniciar carpetas de investigación es insuficiente para garantizar el derecho a la seguridad. Urge la implementación de una contención operativa real y coordinada en el Valle de México, donde el Estado continúa cediendo espacios al poder delictivo, condenando a los ciudadanos a la constante amenaza del fuego cruzado…
@anali400300