Redacción El Monitor
Toluca, México.– Las condenas por feminicidio dictadas en el Estado de México suman 4 mil 782 años y tres meses de prisión. Así lo informó el Poder Judicial mexiquense, que reportó 114 sentencias condenatorias emitidas entre el 1 de septiembre de 2025 y el 19 de noviembre de 2026.
Las penas impuestas a las personas sentenciadas van de nueve años y 15 días hasta 77 años y siete meses de cárcel, con un promedio de 40.5 años. El balance institucional refiere a 116 imputados por este delito.
Cuatro municipios concentran una parte importante de los casos: Ecatepec, Cuautitlán, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla reúnen a 67 de las personas señaladas, cifra que representa más del 64 por ciento del total.
Pero la respuesta judicial no se limita a las sanciones. El tribunal también reportó que, del 1 de enero al 19 de noviembre de 2026, el Juzgado en línea especializado en Violencia Familiar y Protección de Niñas, Niños y Adolescentes emitió 4 mil 861 medidas de protección.
Estas acciones buscan atender situaciones de riesgo y proteger a mujeres, niñas, niños y adolescentes que enfrentan violencia, además de evitar que las agresiones escalen.
Preparan nuevo juzgado para atender casos urgentes
Como parte de la estrategia institucional, se prevé que próximamente comience operaciones el Juzgado LIBRE, un proyecto en el que participan los poderes del Estado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) y la Fiscalía General de Justicia mexiquense.
El nuevo órgano tendrá como objetivo emitir órdenes y medidas urgentes de protección para personas que atraviesen situaciones de violencia de género. Según lo anunciado por el Poder Judicial, el modelo busca reducir trámites y garantizar atención sin limitaciones de horario, carga de trabajo o disponibilidad de personal.
El organismo señaló que sus juzgados especializados trabajan de manera permanente, durante las 24 horas del día y los 365 días del año, para preservar la integridad de las víctimas.
Las cifras se dan en un contexto en el que el feminicidio está reconocido como delito en la legislación federal desde 2012, mientras que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada en 2007, establece el marco nacional para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres.






