noviembre 21, 2026 |
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Buscan poner freno a los abusos en anexos del Edomex: proponen médicos, vigilancia y fin de internamientos forzosos

La iniciativa del PRD plantea impedir que los centros retengan pacientes por adeudos, supervisar los ingresos involuntarios y aplicar clausuras cuando se cometan agresiones o se suministren drogas

Redacción El Monitor

Toluca, México.– Internamientos sin consentimiento, presuntas agresiones y establecimientos que operan sin cumplir condiciones básicas de atención son algunas de las prácticas que el PRD busca combatir con una propuesta para regular los centros de rehabilitación de adicciones, conocidos como anexos, en el Estado de México.

La iniciativa, presentada por la diputada Araceli Casasola Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, plantea establecer requisitos médicos, psicológicos y de infraestructura para estos espacios, además de reforzar la supervisión de las autoridades sanitarias y proteger los derechos de quienes reciben tratamiento.

Entre las medidas centrales destaca la obligación de que cada establecimiento residencial cuente con un médico responsable, cuyo título y cédula profesional estén visibles, así como un equipo multidisciplinario permanente con especialistas en psicología, psiquiatría y nutrición.

Uno de los puntos más relevantes busca impedir que los centros retengan a las personas por falta de pago o cuotas pendientes. La propuesta establece que ningún establecimiento podrá condicionar o negar el egreso de un paciente por motivos económicos.

Internamientos involuntarios bajo reglas

El proyecto también pretende establecer controles para los ingresos involuntarios. Estos procederían mediante una responsiva escrita de un tutor o familiar cuando exista riesgo inminente para la vida de la persona o de terceros, además de la notificación inmediata a las autoridades competentes o al Ministerio Público.

La iniciativa contempla un plazo máximo de 20 días para que la persona internada pueda decidir de manera autónoma si continúa con el tratamiento o solicita su salida.

En los modelos de ayuda mutua y mixtos, donde personas en recuperación comparten experiencias mediante programas de pares, se propone que responsables, encargados y trabajadores acrediten cada seis meses, mediante pruebas clínicas de orina o saliva, que no consumen sustancias psicoactivas. Los resultados deberán ser negativos para al menos cinco elementos.

Más condiciones para operar

La reforma a la Ley de Salud estatal establece requisitos mínimos de infraestructura: sanitarios y regaderas independientes por cada ocho usuarios, camas individuales, rampas de acceso, espacios médicos para primeros auxilios y áreas destinadas a psicoterapia. También plantea separar físicamente a las personas por sexo y rango de edad.

Al ingresar, cada paciente tendría que recibir una exploración física en presencia de un testigo para documentar posibles lesiones previas. Además, el centro debería elaborar su historia clínica en las primeras 24 horas y ordenar estudios de laboratorio en un máximo de 48 horas, incluidos análisis de sangre y pruebas para detectar sífilis, VIH y hepatitis B y C.

Los vehículos utilizados para trasladar a pacientes también tendrían que estar identificados exteriormente con el nombre, logotipo y datos oficiales del establecimiento.

La propuesta contempla clausuras temporales o definitivas, parciales o totales, cuando se detecte consumo o suministro de drogas dentro de las instalaciones, o cuando responsables y empleados cometan delitos o agresiones físicas y psicológicas contra las personas internadas.

Advierten operación irregular de decenas de centros

Como justificación, el documento legislativo refiere que, con información oficial de 2024, en el Estado de México había 13 establecimientos residenciales reconocidos por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), además de 34 centros comunitarios de salud mental y adicciones.

Sin embargo, señala que entre 50 y 60 establecimientos privados y comunitarios operarían sin registro ante el Consejo Estatal contra las Adicciones y al margen de los estándares establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009.

La exposición de motivos advierte que la falta de supervisión ha permitido documentar presuntas violaciones a derechos humanos, como hacinamiento, insalubridad, tratos inhumanos y agresiones. También refiere casos de fallecimientos de personas internadas que, según el planteamiento legislativo, habrían sido encubiertos mediante certificados de defunción con diagnósticos falsos.

La bancada coordinada por el diputado Omar Ortega Álvarez sostiene que la legislación vigente requiere disposiciones más específicas y mecanismos efectivos de sanción para supervisar estos establecimientos.

La iniciativa fue presentada ante el Congreso mexiquense y deberá ser analizada por las instancias legislativas correspondientes. Por ahora, se trata de una propuesta y no de una regulación vigente.