La iniciativa del PAN propone que la SRE coordine asistencia jurídica y logística ante desapariciones, detenciones arbitrarias, conflictos armados y desastres naturales.
Ciudad de México.– Ante la posibilidad de que ciudadanos mexicanos enfrenten situaciones que pongan en peligro su vida, libertad o integridad mientras se encuentran fuera del territorio nacional, senadores del Partido Acción Nacional (PAN) promovieron una reforma para establecer un mecanismo de respuesta inmediata desde el Gobierno federal.
El proyecto plantea incorporar a la Ley del Servicio Exterior Mexicano un Protocolo de Protección Diplomática y Consular de Emergencia, cuya aplicación estaría a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con la finalidad de organizar acciones extraordinarias de apoyo a connacionales en circunstancias críticas.
Entre los escenarios que justificarían su activación figuran las detenciones arbitrarias, desapariciones, secuestros, imposición de la pena de muerte y violaciones graves al debido proceso o a los derechos humanos. También se incluyen amenazas contra la integridad física y la libertad, conflictos bélicos, crisis políticas y emergencias ocasionadas por fenómenos naturales.
Uno de los aspectos centrales de la propuesta es que la respuesta institucional tendría que comenzar dentro de las primeras 24 horas posteriores a que se conozca una situación de emergencia.
Para ello, el protocolo contemplaría una evaluación de los riesgos que enfrentan los mexicanos en la zona afectada, el envío de alertas de seguridad a la comunidad residente o de paso, así como asistencia jurídica y logística inmediata.
Además, se prevé que la Cancillería coordine acciones con otras dependencias federales, autoridades de los países involucrados y representaciones diplomáticas de otras naciones cuando sea necesario para proteger a los connacionales.
Los legisladores argumentaron que, aunque México cuenta con una amplia red de consulados y embajadas para brindar asistencia a sus ciudadanos en el extranjero, existen circunstancias extraordinarias que rebasan la capacidad habitual de atención, particularmente durante guerras y crisis internacionales.
Como antecedente, señalaron la respuesta mexicana ante el conflicto armado en Medio Oriente. De acuerdo con los promoventes, las medidas adoptadas para proteger a los connacionales en esa región no habrían sido suficientemente rápidas ni integrales, mientras que otros países recurrieron a vuelos de rescate para evacuar a sus ciudadanos. En ese episodio, precisaron, no se reportaron daños a mexicanos.
La iniciativa también establece que la Secretaría de Relaciones Exteriores tendría que informar al Senado sobre cada ocasión en que se active el mecanismo, en un plazo máximo de 48 horas.
Actualmente, las embajadas y consulados mexicanos pueden proporcionar orientación jurídica, información sobre los derechos de las personas detenidas y seguimiento ante las autoridades del país receptor. Sin embargo, su intervención está sujeta a las leyes locales y no les permite ordenar la liberación de una persona ni reemplazar a los órganos judiciales extranjeros.
La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis. Por ahora, el protocolo no está vigente y deberá completar el proceso legislativo correspondiente antes de convertirse en una disposición legal.
