Redacción El Monitor
Toluca, México. La situación de niñas, niños y adolescentes que tienen a alguno de sus padres privado de la libertad requiere atención especializada, protección jurídica y políticas públicas que eviten la vulneración de sus derechos, coincidieron especialistas durante un encuentro organizado por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).
Durante la mesa de diálogo intersectorial “Infancias, derechos e impacto del encarcelamiento”, realizada como parte del Segundo Congreso Internacional Infancias con Referentes de Crianza en Prisión, representantes de instituciones públicas y organizaciones civiles analizaron los desafíos que enfrentan estos menores, tanto quienes viven dentro de los centros penitenciarios como aquellos que permanecen fuera de ellos.
En la reunión, desarrollada en la Sala Dr. Gustavo Baz Prada del Edificio de Rectoría, se destacó que la condición de sus padres no debe convertirse en un motivo de discriminación ni limitar el acceso de las infancias a sus derechos fundamentales.
Las y los participantes señalaron que cada situación debe atenderse de manera individual, tomando en cuenta la edad, el desarrollo y la opinión de niñas, niños y adolescentes. También advirtieron sobre las condiciones de violencia, exclusión y presencia del crimen organizado que pueden afectar a quienes crecen fuera de prisión mientras alguno de sus referentes de crianza permanece encarcelado.
Uno de los temas centrales fue la separación de menores que viven con sus madres en centros penitenciarios. Al respecto, los especialistas subrayaron que los procesos de externamiento deben garantizar la restitución de sus derechos y contemplar alternativas de cuidado adecuadas, sustentadas en evaluaciones multidisciplinarias que prioricen el interés superior de la niñez.
Asimismo, plantearon la necesidad de brindar acompañamiento psicológico, educativo y social a quienes enfrentan la ausencia de sus padres, con el propósito de favorecer su desarrollo y evitar que las circunstancias familiares comprometan su integración social.
El encuentro contó con la participación de representantes del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), del Poder Judicial del Estado de México, de la Red por los Derechos de la Infancia en México y de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes mexiquense.
Finalmente, las y los especialistas llamaron a fortalecer la coordinación entre dependencias gubernamentales y asociaciones civiles, ampliar los recursos destinados a este sector y mejorar los mecanismos de representación legal y atención especializada.
También consideraron indispensable incorporar la perspectiva de género y los derechos humanos en las políticas públicas dirigidas a estas infancias, cuya protección requiere acciones conjuntas y permanentes.
