La propuesta busca establecer la obligación en la Constitución federal y dar al Cenapred facultades para supervisar su elaboración y actualización.
Redacción El Monitor
Toluca, México. La falta de atlas de riesgos en decenas de municipios del Estado de México motivó una propuesta de reforma para establecer como obligación constitucional que los gobiernos municipales elaboren estos instrumentos y los actualicen cada año, a más tardar en marzo.
La iniciativa, impulsada por el diputado Valentín Martínez Castillo, de Morena, fue aprobada por el Pleno de la LXII Legislatura mexiquense y será enviada al Congreso de la Unión para su análisis.
El dictamen también plantea reformar la Ley General de Protección Civil, a fin de que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) supervise la elaboración y actualización de los atlas de riesgos municipales.
Además, propone que estos documentos sean incorporados al Sistema Nacional de Protección Civil dentro de los 180 días naturales posteriores al inicio del periodo constitucional de cada administración.
Para las entidades, municipios y demarcaciones territoriales que no cuenten con este instrumento cuando entre en vigor el eventual decreto, se establece un plazo máximo de 180 días naturales para elaborarlo y presentarlo ante la autoridad estatal de protección civil.
Al presentar el dictamen, Martínez Castillo explicó que los atlas de riesgos permiten identificar zonas vulnerables, informar a la población y definir acciones preventivas a corto, mediano y largo plazo para proteger la vida y el patrimonio de las familias.
También señaló que contar con esta herramienta ayuda a prevenir daños ocasionados por fenómenos naturales, socavones y riesgos derivados de actividades humanas, además de evitar la autorización de construcciones en zonas peligrosas.
En cuanto al rezago en la materia, el legislador indicó que, al 17 de diciembre de 2024, de los 125 municipios mexiquenses, únicamente 55 tenían atlas de riesgos aprobados; 34 estaban pendientes de solventar observaciones y 36 no habían entregado información.
Para 2026, agregó, se tenían 46 expedientes en proceso de aprobación, 20 con información incompleta y 59 municipios sin entregar información.
La propuesta busca que la elaboración y actualización de los atlas de riesgos deje de depender de la decisión de cada administración municipal y se convierta en una obligación con plazos definidos.
