Redacción El Monitor
Toluca, México. Con un claro mensaje contra el uso de la tecnología para vulnerar la seguridad pública y el trabajo de las instituciones, el Congreso mexiquense aprobó por unanimidad reformas al Código Penal estatal para castigar hasta con 13 años y 4 meses de prisión el empleo de drones, geolocalizadores y sistemas de videovigilancia en actividades ilícitas de espionaje y acecho.
La iniciativa, impulsada por la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza (morena), modifica el marco legal vigente que hasta ahora contemplaba penas de seis a 10 años de cárcel por el uso genérico de medios de comunicación para dichos fines, sin especificar herramientas aéreas no tripuladas. Durante su intervención en tribuna, la legisladora destacó que el dictamen final se nutrió de manera plural con aportaciones de las distintas fuerzas políticas y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
La nueva disposición legal establece sanciones severas para quienes acechen, vigilen, espíen o proporcionen información sobre las actividades, ubicación u operativos de servidores públicos y particulares con el objetivo de causarles un daño o entorpecer sus funciones institucionales. En este sentido, el articulado tipifica como agravante el uso de cualquier dispositivo tecnológico —inalámbrico, óptico o alámbrico— capaz de captar signos, imágenes, voz, sonidos o datos de cualquier naturaleza.
El marco normativo reforzado se inscribe dentro del capítulo del Código Penal enfocado en proteger el correcto funcionamiento de las corporaciones de seguridad y los órganos jurisdiccionales. Este apartado sanciona no solo el monitoreo ilegal y el rastreo de personal estratégico, sino también la manipulación o acceso no autorizado a información reservada y la introducción irregular de equipos de comunicación a centros penitenciarios.
Asimismo, la legislación contempla agravantes específicas de carácter punitivo cuando en la comisión de estos delitos participan integrantes activos o exintegrantes de las propias instituciones de seguridad pública. Con esta actualización, el Poder Legislativo local busca cerrar vacíos legales frente a la evolución del uso táctico de dispositivos aéreos y digitales por parte de la delincuencia.
