Ana Lilia García Castelán
Toluca, México. El Pleno de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de México aprobó este jueves con 59 votos a favor y 12 abstenciones, el nuevo ordenamiento legal que abroga la normatividad universitaria dictada en 1992, marcando una reestructuración profunda en la gobernanza, los esquemas electorales y la ampliación de derechos de la máxima casa de estudios mexiquense.
El dictamen aprobado integró las iniciativas presentadas por los legisladores Octavio Martínez Vargas y Gerardo Pliego Santana, la bancada de Movimiento Ciudadano coordinada por Juan Manuel Zepeda Hernández, y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. La propuesta del Ejecutivo estatal recogió el proyecto elaborado por la propia universidad a través de un proceso de consulta en el que participaron estudiantes, personal académico y administrativo, el cual fue aprobado por unanimidad por el Consejo Universitario. Al dar lectura al dictamen, la parlamentaria Brenda Colette Miranda Vargas enfatizó que la norma responde a las demandas y retos de la comunidad universitaria tras más de tres décadas de rezago legislativo.
Dentro de los ejes centrales de la nueva ley universitaria destaca el avance hacia la gratuidad de los servicios educativos mediante la eliminación progresiva de las cuotas de inscripción y reinscripción, en consonancia con la Ley General de Educación Superior. Para su cumplimiento, la UAEMéx deberá publicar, en un plazo no mayor a 180 días naturales tras la entrada en vigor del decreto, un plan de acción anual que avance hacia la gratuidad de forma gradual y sostenible sin comprometer sus finanzas, prohibiendo expresamente la creación de cobros equivalentes que desvirtúen este precepto. Asimismo, en el ámbito legislativo se estipuló la realización de una consulta cada diez años para mantener actualizadas las disposiciones de la Universidad.
En materia de gobernanza y democratización institucional, el ordenamiento reconfigura la integración del Consejo Universitario para garantizar la paridad entre el alumnado y el personal académico. El máximo órgano de gobierno estará conformado por la titularidad de la Rectoría, las direcciones de espacios académicos, representantes sindicales, así como una representación académica y dos estudiantiles por cada unidad, alcanzando un total de 223 consejerías electas mediante sufragio personal, directo, libre y secreto. Asimismo, la elección de la persona titular de la Rectoría y de las direcciones se realizará por mayoría de votos de la comunidad mediante voto directo contabilizado por sectores conforme a la ponderación estatutaria, quedando el nombramiento formal a cargo del Consejo Universitario a partir del informe de resultados del nuevo Órgano Electoral Universitario.
La norma impone estrictos requisitos e idoneidad para aspirar a la Rectoría o a las direcciones de espacios académicos, exigiendo no haber recibido sanciones disciplinarias o administrativas, no contar con sentencia firme por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público ni figurar en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, además de presentar un plan de trabajo universitario. De igual forma, el cuerpo legal prevé las causales para la remoción y destitución de la persona rectora, la regulación de ausencias, licencias y la designación de suplencias o encargas de despacho, asegurando un marco de estabilidad operativa ante cualquier eventualidad.
Frente a la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, presente en el recinto legislativo, los congresistas destacaron el impacto social de la reforma. El diputado Gerardo Pliego subrayó que la ley fortalece la capacidad de la UAEMéx para formar profesionistas, producir conocimiento e impulsar la movilidad social, mientras que el legislador Octavio Martínez valoró la apertura de la institución hacia la vinculación social y productiva.
El texto legal aprobado mandate además la creación del Sistema de Ética y Justicia Universitaria, un régimen disciplinario y de responsabilidad, el Sistema de Bienestar y Cuidado Universitario, y la expedición en un plazo de 365 días naturales de un programa de accesibilidad física y digital con perspectiva de derechos humanos e inclusión.
