Redacción El Monitor
Toluca, México. Las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, junto con la de Educación del Congreso del Estado de México, formalizaron el inicio del debate legislativo para transformar el marco jurídico de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX). Este movimiento representa un parteaguas político en la entidad, al converger las fuerzas de Morena, Movimiento Ciudadano (MC) y el Poder Ejecutivo en una agenda orientada a reconfigurar la estructura de poder y la toma de decisiones dentro del máximo recinto de estudios mexiquense.
En el corazón de la discusión parlamentaria se encuentra el consenso de democratizar la vida interna universitaria mediante la erradicación de los modelos tradicionales de designación de autoridades. Las iniciativas presentadas por las bancadas oficialistas y de oposición coinciden de manera transversal en instaurar el voto directo, libre y secreto para la elección de la Rectoría y las direcciones de facultades, abriendo la puerta a una inédita participación masiva de estudiantes, docentes y personal administrativo.
La sesión de Comisiones Unidas fue encabezada por el diputado Rigoberto Vargas Cervantes (Morena), quien fijó la postura institucional del bloque legislativo al señalar que la apertura al diálogo resulta fundamental para construir un dictamen de vanguardia. La conducción del proceso busca consolidar el control parlamentario sobre la actualización normativa de la institución, asegurando que las distintas fuerzas políticas de la entidad dejen su impronta en la nueva arquitectura legal de la universidad.
Por parte de la bancada de Morena, el legislador Octavio Martínez Vargas expuso un proyecto de alto calado político que abarca reformas a la Constitución y a la Ley de Educación locales, alineado con la postura aprobada por el Consejo Universitario y respaldada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Su propuesta plantea la instrumentación del presupuesto participativo, la fiscalización interna obligatoria y el endurecimiento de sanciones ante faltas graves como actos de corrupción, conflictos de interés y violencia de género.
En la misma línea oficialista, el diputado Gerardo Pliego Santana caracterizó esta coyuntura legislativa como una «oportunidad histórica» para refundar los contrapesos en la UAEMEX. Su proyecto prioriza la reestructuración del Consejo Universitario bajo criterios estricto de paridad de género, la representación formal de todos los centros universitarios descentralizados y la creación de un órgano electoral independiente, además de establecer un plazo perentorio de 120 días para adecuar la reglamentación interna tras la aprobación del decreto.
Por su parte, la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, liderada por el diputado Juan Manuel Zepeda Hernández y representada en el debate por la legisladora Ruth Salinas Reyes, marcó postura al sostener que el respeto a la autonomía universitaria no implica la renuncia del Poder Legislativo a fiscalizar y normar a la institución. MC impulsó el voto universal por ley, la obligatoriedad de dar vista al Ministerio Público ante la comisión de delitos internos y la revisión periódica del marco legal cada diez años mediante consultas vinculantes.
La presencia de la Consejera Jurídica de la UAEMEX, Evangelina Sales Sánchez, legitimó el peso del Ejecutivo estatal en el recinto parlamentario al defender la iniciativa aprobada por el Consejo Universitario e introducida formalmente por la gobernadora Delfina Gómez. La funcionaria subrayó que el proyecto del gobierno busca traducir normativamente los resultados de un proceso de consulta previa realizado con las bases universitarias.
Finalmente, la participación de mandos institucionales de la UAEMEX y representantes estudiantiles confirmó que la correlación de fuerzas políticas está inclinada hacia la aprobación inminente de un nuevo régimen jurídico. Las comisiones unidas mantendrán la mesa de análisis para unificar las coincidencias entre la iniciativa del Ejecutivo y las bancadas parlamentarias, perfilando una transformación sustancial en la relación entre el gobierno estatal y la universidad pública.
