Más de 3 mil reportes de acoso escolar se acumularon en dos ciclos lectivos; familiares cuestionan la respuesta de las autoridades y advierten que los protocolos no bastan si las agresiones continúan
Claudia Zavala Martínez
Toluca, México.- La preocupación, el desgaste emocional y la incertidumbre acompañan a madres y familiares de estudiantes que denuncian acoso escolar en planteles del Estado de México, donde, pese a la existencia de protocolos de atención, persisten cuestionamientos sobre la rapidez de las respuestas y la falta de resultados concretos para proteger a niñas, niños y adolescentes.
Las cifras oficiales y los casos documentados muestran la dimensión del problema. Durante los ciclos escolares 2023-2024 y 2024-2025, el Centro de Atención para la Convivencia Escolar Mexiquense (CACEM) recibió 3 mil 98 reportes de acoso escolar. Sin embargo, en diciembre de 2025, el Consejo Escolar para el Bienestar informó que no tenía sanciones registradas por estos hechos en los periodos consultados, situación que abrió cuestionamientos sobre el seguimiento y las consecuencias de las denuncias.
El dato no significa que los 3 mil 98 reportes hayan quedado sin atención, pero sí evidencia la necesidad de conocer cuántos derivaron en investigaciones concluidas, medidas de protección, atención psicológica, sanciones u otras acciones para evitar que las agresiones se repitan.
Para las familias, la preocupación no termina cuando presentan un escrito ante la dirección escolar o acuden a una autoridad educativa. La respuesta que necesitan es saber que sus hijos estarán seguros al regresar al salón de clases y que no volverán a enfrentar golpes, insultos, amenazas, humillaciones o exclusión.
Denuncias que terminan en protestas
Uno de los casos que exhibió el descontento de las familias ocurrió en marzo de 2025, en la primaria Simón Ramírez Rodríguez, ubicada en el fraccionamiento San Antonio, en Cuautitlán Izcalli.
Alrededor de 50 madres y padres de familia bloquearon el acceso al plantel para exigir soluciones ante presuntos casos de acoso y otras situaciones que consideraban desatendidas. Los manifestantes cuestionaron la actuación de la dirección escolar y reclamaron respuestas oportunas.
Una de las madres denunció que, después de reportar una situación relacionada con un espejo colocado en el baño de niñas, recibió como respuesta que el objeto ya había sido retirado y que se realizaban rondines. También hubo señalamientos sobre presuntas agresiones entre estudiantes y demoras para citar a las familias involucradas.
La protesta reflejó una de las principales inconformidades de los padres: tener que recurrir a manifestaciones públicas para conseguir que sus denuncias sean escuchadas. En estos casos, las familias buscan que las autoridades expliquen qué medidas se aplicaron, quién dio seguimiento y qué garantías existen para evitar nuevas agresiones.
Videos de peleas exhiben la violencia escolar en Toluca
En enero de 2026, la difusión de videos de peleas entre estudiantes de secundaria en Toluca llevó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) a iniciar investigaciones de oficio.
Los hechos involucraron a estudiantes de la Secundaria número 12 Héroes de la Independencia, en la colonia Independencia, y de la Secundaria Técnica 159 Octavio Paz, en San Mateo Oxtotitlán.
En uno de los casos, padres de familia denunciaron episodios recurrentes de violencia dentro y fuera del plantel, incluso con la presunta participación de personas ajenas a la institución. En el otro, circularon grabaciones de agresiones entre alumnas dentro de la escuela y en sus inmediaciones.
La CODHEM anunció visitas a los planteles para investigar posibles vulneraciones de los derechos de los menores y determinar si existieron omisiones de las autoridades escolares.
Estos hechos reavivaron las preguntas sobre la vigilancia en los planteles, la intervención del personal docente y la respuesta de las autoridades cuando las agresiones son conocidas por estudiantes, familias y directivos.
Las cifras oficiales no reflejan todos los casos
La CODHEM informó que recibió 600 quejas relacionadas con el sector educativo durante 2025, de las cuales 59 correspondieron a presuntos casos de acoso escolar.
De esas 59 quejas, 43 estuvieron relacionadas con posibles vulneraciones al derecho a una educación libre de violencia, siete con el derecho a recibir educación en igualdad de trato y condiciones, y dos con la adecuada supervisión de la educación impartida por particulares. Los motivos de las quejas no necesariamente abarcan la totalidad de las situaciones denunciadas.
En otro corte, el CACEM reportó 21 casos oficiales de acoso escolar entre el 19 de noviembre de 2025 y el 15 de julio de 2026, cifra que representó una disminución de 73.19 por ciento respecto del periodo anterior, según información publicada en octubre por Meganoticias.
No obstante, la reducción de los casos registrados no permite concluir por sí sola que el acoso haya disminuido en la misma proporción en las escuelas. Para determinarlo es necesario conocer los criterios de registro, la cobertura de los reportes y los resultados de las intervenciones.
La diferencia entre los reportes del CACEM y las quejas de la CODHEM también obliga a distinguir entre los registros administrativos de las autoridades educativas y los expedientes abiertos por posibles violaciones a los derechos humanos.
Protocolos sin seguimiento suficiente no resuelven el problema
El Estado de México cuenta con lineamientos para prevenir, detectar y atender el acoso escolar. Estos establecen que las autoridades deben informar a las familias, documentar los hechos, proteger la integridad de los estudiantes y evitar el contacto entre quienes participan en una situación de violencia cuando sea necesario.
También contemplan la intervención de instancias especializadas y medidas adicionales cuando las agresiones continúan.
El problema que plantean las familias es cómo se aplican esas disposiciones en cada escuela y qué sucede cuando las primeras medidas no funcionan.
Una denuncia requiere algo más que una reunión entre padres, docentes y directivos. Es necesario contar con registros de los hechos, seguimiento de los compromisos, medidas de protección para las víctimas y una evaluación que permita determinar si la violencia cesó.
Cuando las familias no reciben información clara sobre las actuaciones realizadas, crece la desconfianza y aumenta la presión para que intervengan autoridades superiores.
Familias exigen respuestas, no sólo campañas
La atención del bullying no puede descansar únicamente en la capacidad de madres y padres para detectar cambios de conducta, acompañar a sus hijos y presentar denuncias. Las escuelas y las autoridades educativas tienen responsabilidades propias en la prevención, atención y seguimiento de las agresiones.
El desafío para las autoridades mexiquenses es transparentar cuántos reportes reciben, cuántos se investigan, qué medidas se aplican, cuántas víctimas reciben atención especializada y qué ocurre cuando se comprueba que una autoridad omitió actuar.
También resulta indispensable escuchar a las familias y evitar que los estudiantes afectados sean revictimizados o tengan que cambiar de escuela como única salida para alejarse de sus agresores.
Mientras no existan resultados verificables, las campañas de convivencia pacífica corren el riesgo de quedarse en mensajes institucionales que no responden a la urgencia de quienes viven el problema dentro de sus hogares.
Para una madre o un padre, la prioridad no es una estadística ni un protocolo publicado: es que su hijo pueda asistir a clases sin miedo. Garantizar ese derecho exige atención oportuna, seguimiento efectivo y rendición de cuentas.
