(Agencias)
El bloqueo de cuentas atribuido a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detonó una ofensiva legal de empresas y personas presuntamente vinculadas con el empresario potosino Fernando Sánchez Zumaya, quienes recurrieron al amparo para frenar la medida. El conflicto escaló luego de que el dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, cuestionara que las restricciones se aplicarían presuntamente sin una carpeta de investigación, mientras salen a la luz operaciones millonarias con entidades públicas y vínculos señalados con figuras políticas.
De acuerdo con registros judiciales citados en la información del caso, entre los promoventes figuran dos empresas relacionadas con Sánchez Zumaya y seis personas vinculadas con una presunta red de facturación que ha sido relacionada en señalamientos públicos con el senador morenista Adán Augusto López Hernández.
Una de las compañías que impugnó la medida es Grupo Mineral & Logistic (GML), que presentó un amparo contra la UIF el pasado 2 de octubre. La empresa fue constituida en 2014 con un capital de 50 mil pesos, pero en diciembre de 2025 presentó un cheque por 400 millones de pesos para incrementar su capital social ante el notario público número 4 de Tabasco, Manuel Alejandro Cachón.
El notario ha sido señalado por sus presuntos vínculos con Adán Augusto López y con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco. Estos señalamientos forman parte del contexto político que rodea el caso, pero no constituyen por sí mismos pruebas de irregularidades.
Después del movimiento de capital, GML comenzó a recibir contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex), según los antecedentes referidos. Además, durante 2025, Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) pagaron más de 2 mil 800 millones de pesos en facturas a otras tres empresas presuntamente vinculadas con Sánchez Zumaya y señaladas como compañías fantasma.
El punto de confrontación es la legalidad del bloqueo financiero: mientras los afectados buscan impugnar las restricciones por la vía judicial, Anaya cuestiona que la UIF pueda aplicarlas sin una carpeta de investigación. Los fundamentos de la medida y los argumentos de los promoventes deberán examinarse en los procedimientos correspondientes.
La presentación de los amparos no significa que los jueces hayan determinado que el bloqueo es ilegal ni que las acusaciones contra las empresas o personas mencionadas estén acreditadas. Las resoluciones judiciales y la información que aporten las autoridades serán claves para esclarecer el alcance de las restricciones y las posibles responsabilidades.
