Las y los abogados interesados en incorporarse al programa deberán completar la Cédula de Información en la plataforma electrónica habilitada en www.pjedomex.gob.mx.
Redacción El Monitor
Toluca, México.- El Poder Judicial del Estado de México ya habilitó el registro para las y los abogados interesados en incorporarse al padrón de la Alianza Pro Bono, cuyo objetivo es establecer una red de colaboración a fin de ofrecer defensa legal gratuita y de calidad a grupos en situación de vulnerabilidad, así como a comunidades y organizaciones que carecen de recursos económicos.
Las y los interesados deberán contar con cédula profesional vigente, ingresar a la plataforma electrónica habilitada en www.pjedomex.gob.mx, registrar sus datos y una vez que es aceptado, adjuntar la “Carta Compromiso” debidamente firmada, posteriormente generar un usuario y ya es posible ingresar a la plataforma para dar de alta los asuntos; durante este proceso, la persona interesada encontrará una guía rápida para la captura de su información. La Coordinación de Relaciones Intergubernamentales del Tribunal Superior de Justicia será el área enlace para la operación del Programa.
Los servicios legales brindados por las personas profesionales del Derecho inscritas en el Programa, se otorgarán bajo su estricta y exclusiva responsabilidad técnica, ética y profesional; el PJEdomex actúa únicamente como un facilitador de vinculación institucional, no interviene en la relación jurídica entre la persona abogada y la beneficiaria, ni asume responsabilidad alguna por la gestión, actuaciones, omisiones o resultados de los asuntos atendidos.
Cabe comentar que el Estado de México recibe el 10 por ciento de todos los asuntos de defensoría pública a nivel nacional en el ámbito estatal y agrupa el 24 por ciento de todas las causas penales ingresadas a los juzgados de juicio oral de carácter estatal; por esta razón, la suma de esfuerzos del sector público con el talento de las y los abogados postulantes tiene la finalidad de lograr el bien común. De esta manera, se amplía la capacidad de atención, mientras que las y los abogados cumplen con una labor social incluida en la naturaleza de la profesión y se avanza hacia una justicia real, donde la ley protege los derechos humanos de todas y de todos por igual.
La estrategia institucional presentada en agosto de este año tiene el propósito de contribuir a la reducción de la brecha legal, con perspectiva de defensa de derechos humanos, facilitando el litigio estratégico en temas de interés público, discriminación y equidad de género; bajo los principios de dignidad y equidad profesional, gratuidad estricta y sin condiciones, confidencialidad y secreto profesional, prevención del conflicto de interés, diligencia y continuidad, así como responsabilidad social comunitaria.
