Ana Lilia García Castelán
Toluca, México. En el marco del análisis del Tercer Informe de Gobierno de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, las titulares de la Secretaría de la Contraloría, Hilda Salazar Gil, y de la Secretaría de las Mujeres, María Esther Rodríguez Hernández, acudieron ante el Pleno de la LXII Legislatura mexiquense para rendir cuentas sobre la fiscalización del gasto público, el combate a la corrupción y las políticas destinadas a la erradicación de la violencia de género.
Durante la jornada, ambas funcionarias presentaron balances de su gestión anual e intercambiaron posturas con los diferentes grupos parlamentarios sobre la efectividad de las medidas gubernamentales, en un ejercicio marcado por la exigencia de mayores facultades sancionatorias por parte del Ejecutivo y de un monitoreo más riguroso por parte de las bancadas legislativas.
Durante el primer turno de la sesión, la secretaria de la Contraloría, Hilda Salazar Gil, informó sobre la resolución de más de 3,900 expedientes administrativos y la imposición de sanciones a 2,438 servidores públicos por diversos incumplimientos en el ejercicio de sus funciones.
Salazar Gil enfatizó que la dependencia aplicó más de 22 mil acciones de control y evaluación, así como 2,831 observaciones derivadas de auditorías, de las cuales 1,113 se vincularon con posibles irregularidades administrativas. Asimismo, destacó el fortalecimiento de la supervisión preventiva en compras públicas para evitar el fraccionamiento de contratos y la simulación de competencia en licitaciones.
No obstante, la funcionaria sostuvo que es necesario realizar reformas al marco normativo para que la Contraloría cuente con mayores facultades legales que le permitan investigar y castigar directamente faltas administrativas graves, mientras legisladores de oposición cuestionaron la falta de detalles específicos sobre investigaciones complejas en sectores sensibles como el de la salud.
Posteriormente, la secretaria de las Mujeres, María Esther Rodríguez Hernández, expuso los resultados en la implementación de la estrategia territorial «Caminemos Seguras», enfocada en mejorar la accesibilidad y seguridad en espacios públicos, principalmente en los municipios con Alerta de Violencia de Género.
Rodríguez Hernández defendió la descentralización de los servicios de atención psicológica, jurídica y de trabajo social, resaltando la operatividad de la red de refugios estatales para la protección de mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia.
Ante la presentación, los integrantes de las bancadas parlamentarias solicitaron indicadores claros y mediciones cualitativas que permitan verificar el impacto real de estas acciones en la reducción de feminicidios e incidentes de violencia intrafamiliar, así como el destino preciso del presupuesto asignado a la transversalidad de género en los 125 municipios del Estado de México.
El desarrollo de esta glosa se da en un ambiente de debate sobre el formato de las comparecencias, ya que representaciones del PRI, PAN y PRD señalaron la necesidad de ampliar las mesas de trabajo e incluir a más dependencias del gabinete para profundizar en la rendición de cuentas.
A pesar de los señalamientos, la mayoría parlamentaria respaldó la apertura institucional para el desahogo de estos informes, mientras que el Congreso estatal continuará con las evaluaciones correspondientes para dictaminar los avances del Poder Ejecutivo y definir los criterios presupuestales del siguiente ejercicio fiscal.
Las comparecencias concluirán en el recinto legislativo este jueves, como parte del proceso de revisión del Tercer Informe de Gobierno, donde las distintas comisiones dictaminadoras evaluarán la información presentada para emitir sus observaciones presupuestales y administrativas.
