Una jueza determinó que la Fiscalía no acreditó la extorsión agravada; ambos aceptaron responsabilidad por abuso de autoridad y recibieron una pena conmutable
Redacción El Monitor
Chalco, México.— Los exfuncionarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, Raúl Piña Horta y Carlos Eduardo Solares Vega, recuperaron su libertad la noche del martes, luego de que una jueza reclasificó el delito que enfrentaban por el caso de presuntas extorsiones a propietarios de verificentros, de extorsión agravada a abuso de autoridad.
De acuerdo con información publicada este miércoles por La Jornada, N+ y medios locales, la resolución se tomó durante una audiencia de aproximadamente ocho horas en los juzgados del distrito judicial de Chalco.
La jueza Sandra Isabel Cortés consideró que el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no acreditó suficientemente el delito de extorsión que se les imputaba.
Tras la modificación de la clasificación jurídica, ambos exservidores públicos aceptaron su responsabilidad por abuso de autoridad y accedieron a un procedimiento abreviado, mediante el cual recibieron una sentencia de un año y cuatro meses de prisión, con posibilidad de conmutar la pena por el pago de una multa.
Según los reportes de La Jornada, las sanciones económicas fueron de cinco mil 396 pesos para uno de los sentenciados y cuatro mil 772 pesos para el otro.
Una vez cubiertos los montos correspondientes, abandonaron el penal de Chalco.La resolución también contempla su destitución de los cargos que desempeñaban y su inhabilitación para ocupar empleos públicos durante diez años.
Asimismo, deberán presentarse periódicamente ante las autoridades y cumplir las restricciones establecidas por la jueza, entre ellas no acercarse a las víctimas.Señalamientos por cobros millonarios.
El caso se originó a partir de una investigación de la Fiscalía mexiquense sobre una presunta estructura que habría operado desde finales de 2023, mediante cobros ilegales a propietarios de centros de verificación vehicular a cambio de permitirles trabajar sin obstáculos administrativos.
De acuerdo con los antecedentes de la investigación publicados por La Jornada el 17 de agosto, los funcionarios presuntamente exigían cuotas mensuales que podían alcanzar los 200 mil pesos, además de otros pagos relacionados con las líneas de verificación, la entrega de hologramas y la renovación de permisos.
La Fiscalía también señaló que los establecimientos que se negaban a cubrir las cantidades exigidas podían enfrentar restricciones operativas, como la suspensión de actividades o limitaciones en la entrega de hologramas.
Las acusaciones incluían una exigencia extraordinaria de 500 mil pesos por cada línea de verificación durante 2026.La dimensión económica de las presuntas operaciones fue uno de los aspectos centrales de la investigación.
En agosto, la Fiscalía atribuyó a la estructura investigada ganancias superiores a los 430 millones de pesos, cifra relacionada con los cobros que, según la carpeta, se habrían exigido a los establecimientos.
El proceso judicial cambia el rumbo del casoRaúl Piña Horta se desempeñaba como director general de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, mientras que Carlos Eduardo Solares Vega ocupaba la Dirección de Control de Emisiones a la Atmósfera.
Ambos fueron detenidos en agosto y quedaron sujetos a proceso por su presunta participación en los hechos.
Sin embargo, la resolución judicial modificó el rumbo del expediente al establecer una clasificación penal distinta de la planteada originalmente por el Ministerio Público.
La reclasificación permitió imponer una sanción menor y sustituir la prisión por una medida económica, bajo las condiciones fijadas por la autoridad judicial.
La liberación de ambos no significa que hayan sido absueltos de todos los hechos investigados: recibieron una sentencia por abuso de autoridad, delito cuya responsabilidad aceptaron en el procedimiento abreviado.
El caso mantiene la atención sobre los mecanismos de supervisión de los verificentros mexiquenses y la actuación de los servidores públicos encargados de regularlos.
También deja en el centro del debate la capacidad de las autoridades ministeriales para acreditar las acusaciones de extorsión y determinar si otras personas participaron en el esquema investigado.
