La inseguridad, el ciberacoso, la violencia sexual y las dificultades para continuar los estudios colocan a niñas, niños y adolescentes ante múltiples amenazas; especialistas y organismos internacionales advierten que la protección de la comunidad estudiantil requiere acciones coordinadas
Redacción El Monitor
Ciudad de México.– La violencia, el acoso escolar, los riesgos en internet y las dificultades para permanecer en las aulas forman parte de los desafíos que enfrentan miles de estudiantes en México. Detrás de estas problemáticas existen factores familiares, sociales y económicos que pueden afectar su seguridad, su salud emocional y sus oportunidades de desarrollo.
El riesgo no se limita a los hechos que ocurren dentro de los planteles. También se extiende a los hogares, las calles y los espacios digitales, donde niñas, niños y adolescentes pueden enfrentar agresiones, amenazas, discriminación y situaciones que comprometen su integridad.
De acuerdo con UNICEF México, en 2024 alrededor de 2.9 millones de personas de entre 12 y 17 años reportaron haber experimentado ciberacoso durante los 12 meses anteriores, cifra equivalente al 23 por ciento de quienes utilizan internet en ese grupo de edad. El organismo advierte que la violencia puede presentarse en distintos entornos y afectar el desarrollo de la población infantil y adolescente.
El dato muestra que los riesgos para los estudiantes no terminan al salir de la escuela. Los mensajes intimidatorios, la difusión de imágenes sin consentimiento, las amenazas y las humillaciones en redes sociales pueden prolongar los conflictos escolares y dificultar que las víctimas encuentren un espacio seguro.
El acoso escolar, una amenaza persistente
La escuela debería ser un espacio de aprendizaje y convivencia; sin embargo, las agresiones entre compañeros continúan siendo motivo de preocupación. Una encuesta sobre acoso escolar en secundaria, difundida en octubre de 2024 por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, reportó que 28.3 por ciento de los estudiantes de ese nivel había sido objeto de acoso escolar de manera ocasional o frecuente.
Las consecuencias pueden ir más allá de una discusión o una agresión aislada. El hostigamiento constante puede provocar miedo, aislamiento, dificultades para concentrarse y rechazo a asistir a clases. Por ello, identificar las señales de alerta y contar con mecanismos confidenciales para denunciar son medidas fundamentales para evitar que los casos se prolonguen.
La intervención de docentes, directivos y familias resulta determinante, pero también es necesario que las escuelas dispongan de protocolos claros para investigar las denuncias, proteger a las víctimas y evitar represalias.
Violencia y vulnerabilidad fuera de las aulas
Los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes también están relacionados con las condiciones de seguridad de sus comunidades. En zonas afectadas por la violencia, las familias pueden modificar sus actividades, limitar los desplazamientos de sus hijos o enfrentar dificultades para mantener una asistencia escolar regular.
El informe de UNICEF México sobre la situación de los derechos de la niñez y la adolescencia, publicado en mayo de 2026, señala que las entidades con mayores tasas de homicidio de menores de edad también registran niveles más bajos de asistencia escolar. Esta relación evidencia que la violencia puede convertirse en una barrera para ejercer el derecho a la educación.
A ello se suman las desigualdades económicas, la falta de acceso a servicios y las dificultades que enfrentan algunos hogares para cubrir transporte, alimentación, útiles y otros gastos asociados con la educación. Estas condiciones pueden aumentar la vulnerabilidad de quienes ya enfrentan obstáculos para continuar sus estudios.
Abandono escolar: cuando continuar estudiando se vuelve difícil
La permanencia en las aulas constituye otro indicador relevante. Las cifras definitivas de la Secretaría de Educación Pública para el ciclo escolar 2022-2023 situaron el abandono escolar en educación media superior en 11.2 por ciento, de acuerdo con los indicadores educativos publicados por la dependencia.
Aunque las estadísticas corresponden a un ciclo escolar anterior y no describen por sí solas la situación actual de cada entidad, permiten dimensionar el desafío que representa mantener a los jóvenes en el sistema educativo.
El abandono escolar tiene múltiples causas y no debe atribuirse automáticamente a la violencia o al acoso. Entre los factores que pueden intervenir están las dificultades económicas, la necesidad de trabajar, los problemas familiares, el rezago académico y la falta de condiciones para continuar estudiando.
Prevenirlo requiere detectar oportunamente las inasistencias recurrentes, brindar orientación académica, facilitar apoyos económicos cuando corresponda y fortalecer la comunicación entre las instituciones educativas y las familias.
Salud emocional y prevención
La salud mental es otro componente esencial del bienestar estudiantil. La ansiedad, el aislamiento, el miedo y el malestar emocional pueden coincidir con situaciones de acoso, violencia familiar, presión social o dificultades académicas.
En abril de 2026, la Secretaría de Educación Pública presentó la estrategia nacional de atención a la salud mental de jóvenes denominada “El ABC de las emociones”, con acciones dirigidas a seis millones de estudiantes y materiales para las comunidades escolares. El anuncio reconoce la importancia de atender el bienestar socioemocional dentro del ámbito educativo.
No obstante, para que las estrategias preventivas tengan efectos duraderos, es necesario que los estudiantes puedan acceder a orientación y atención especializada cuando la requieran, sin estigmas ni temor a ser señalados.
La responsabilidad de proteger a los estudiantes
La atención de los riesgos que enfrenta la población estudiantil exige coordinación entre autoridades educativas, instituciones de seguridad, servicios de salud, familias y organismos de protección de la infancia. También requiere que las denuncias sean atendidas con prontitud y que existan mecanismos para evaluar los resultados de las medidas implementadas.
Los planteles necesitan protocolos contra el acoso, canales seguros de denuncia, orientación para el uso responsable de internet y procedimientos para actuar ante posibles casos de violencia. En paralelo, las autoridades deben identificar las comunidades con mayores dificultades de asistencia y permanencia escolar para dirigir los apoyos a quienes más los necesitan.
La protección de los estudiantes no puede reducirse a campañas ocasionales ni a llamados generales a la convivencia. Requiere seguimiento, recursos y evaluación, además de la participación de quienes conocen de primera mano los problemas que afectan a cada comunidad escolar.
El desafío nacional consiste en garantizar que estudiar no signifique exponerse a la violencia, al hostigamiento o a la exclusión. La seguridad, el bienestar emocional y la permanencia escolar deben avanzar de manera conjunta para que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer plenamente su derecho a la educación y construir un futuro con mayores oportunidades.
