Ana Lilia García Castelán
Toluca, México. La comparecencia del secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, con motivo del Tercer Informe de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, desencadenó un debate en el Congreso local, donde las bancadas opositoras del PRI, PAN, MC y PRD confrontaron al funcionario por los crecientes problemas de inseguridad, el deterioro de las carreteras, el desabasto de agua y medicinas, así como por los presuntos actos de corrupción e ingobernabilidad en la entidad.
En contraste, Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista salieron en defensa de la gestión que encabeza la gubernadora Delfina Gómez Álvarez, quien aseguraron, ejerce una política sensible a las necesidades de los mexiquenses.
El legislador panista Anuar Roberto Azar Figueroa lanzó severas críticas contra el Ejecutivo estatal al cuestionar la alta percepción de inseguridad y la falta de respuesta gubernamental ante crisis previsibles, como las contingencias por inundaciones. En su intervención, el parlamentario recriminó el abandono de la infraestructura vial, planteando la necesidad urgente de destinar 5 mil millones de pesos para reparar más de 10 millones de baches, al tiempo que cuestionó la existencia de una crisis en el sistema de salud pública motivada por la falta de medicamentos.
En la misma línea de fiscalización, el representante del PRI, Eduardo Zarzosa Sánchez, advirtió que la entidad padece una realidad innegable de violencia e impunidad. Zarzosa cuestionó los verdaderos alcances del Operativo Enjambre e interrogó al secretario sobre si dicha estrategia anticorrupción alcanzó a investigar a servidores públicos de la propia Secretaría General de Gobierno; asimismo, demandó garantías claras de seguridad e imparcialidad gubernamental de cara al proceso electoral de 2027.
Por su parte, el coordinador del PRD, Omar Ortega Álvarez, recriminó que las autoridades estatales hayan “cerrado los ojos” frente a la crisis económica de las familias mexiquenses y el descontento de diversos sectores productivos. Ortega sostuvo que las recurrentes movilizaciones sociales en materia de educación, transporte y campo demuestran el colapso de los canales de diálogo institucional, e interrogó sobre las medidas concretas para frenar el desabasto hídrico y atender a los municipios marginados fuera de la zona oriente.
Desde la bancada de Movimiento Ciudadano, la diputada Lilia Urbina Salazar puso el acento en la capacidad de respuesta y la rendición de cuentas de la administración estatal. Urbina solicitó precisar cuántas solicitudes ciudadanas recibidas en las audiencias públicas han sido atendidas eficazmente y exigió un diagnóstico real sobre los kilómetros de la red carretera que requieren reconstrucción o reencarpetamiento integral, solicitando además transparente presupuestal sobre los recursos que se asignarán a dichas obras.
Frente a la lluvia de críticas opositoras, las fuerzas parlamentarias de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista salieron en defensa de la gestión gubernamental, argumentando que la entidad transita por un cambio estructural. En este sentido, el diputado morenista Edgar Samuel Ríos Moreno ponderó la puesta en marcha del Plan Integral de la Zona Oriente en coordinación con la federación, el cual proyecta atender el rezago social y mejorar la calidad de vida de 10 millones de mexiquenses en 10 municipios mediante obras de agua, drenaje, salud y educación.
Asimismo, el congresista del PT, Ernesto Santillán Ramírez, enfatizó el compromiso social de la gobernadora y resaltó la creación de más de 296 mil empleos formales registrados ante el IMSS, la atracción de 271 mil 300 millones de pesos en inversión nacional acumulada y el hecho de que 1.9 millones de mexiquenses lograran salir de la pobreza. Santillán reconoció también la voluntad política de la mandataria para resolver un conflicto de límites territoriales en Ecatepec que llevaba más de tres décadas estancado.
En materia ambiental, la diputada de la bancada del Partido Verde, Gloria Vanessa Linares Zetina, centró su postura en el combate al crimen ecológico al denunciar la pérdida de más de mil 300 hectáreas de bosques maderables por la tala clandestina. Linares cuestionó el control que ejercen los «delincuentes ambientales» en diversas regiones del estado y solicitó información puntual sobre el avance en la neutralización de los grupos organizados dedicados al comercio ilegal de madera.
Al responder a los cuestionamientos parlamentarios, el secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, rechazó los señalamientos de ingobernabilidad y defendió el balance financiero y operativo del Poder Ejecutivo. Duarte argumentó que la actual gestión ha logrado reducir la deuda pública en 2 mil 459 millones de pesos sin contratar nuevo endeudamiento, además de registrar una disminución del 15.5 % en la incidencia delictiva general y de más del 20 % en el delito de homicidio doloso.
Finalmente, el funcionario estatal aseveró que la Secretaría de la Contraloría y la Fiscalía General de Justicia han sancionado a más de 2 mil 200 servidores públicos para combatir la corrupción sin importar filiaciones políticas. Duarte concluyó su intervención anunciando la pronta instalación de una mesa de paz electoral rumbo a los comicios de 2027, la construcción de nueva infraestructura hospitalaria y el fortalecimiento de los operativos conjuntos para frenar la deforestación ilegal en el territorio estatal.
