Proyecto de ordenamiento metropolitano contempla medidas contra inmuebles subutilizados; autoridades sostienen que el documento no crea nuevas leyes y permanece en consulta pública
Redacción El Monitor
La posibilidad de aplicar nuevos gravámenes a terrenos baldíos, viviendas abandonadas y predios considerados subutilizados abrió una controversia en la Zona Metropolitana del Valle de México, luego de que se conocieran propuestas incluidas en el proyecto de ordenamiento territorial coordinado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos.
La discusión se centra en las medidas planteadas para aprovechar terrenos que permanecen sin construir o inmuebles que, pese a encontrarse en zonas con servicios, transporte e infraestructura, no tienen un uso considerado adecuado. Entre las propuestas difundidas se encuentran posibles incrementos en el impuesto predial, plazos para desarrollar determinados terrenos y la eventual venta forzosa de algunos predios.
La controversia se intensificó después de que habitantes de Xochimilco y otras zonas expresaran inquietudes sobre las consecuencias económicas y patrimoniales que estas medidas podrían tener para las familias propietarias de terrenos o viviendas. Algunos asistentes a los foros de consulta cuestionaron cómo se determinaría que un inmueble está subutilizado y quién establecería las condiciones para obligar a sus propietarios a aprovecharlo.
De acuerdo con información publicada por medios nacionales, el proyecto contempla periodos de entre dos y cuatro años para construir en ciertos predios, así como mecanismos que podrían derivar en su venta obligatoria. Sin embargo, el alcance de estas disposiciones, sus condiciones de aplicación y las garantías para los propietarios deben distinguirse de las medidas que ya están vigentes en la legislación.
El Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) es un instrumento de planeación que busca coordinar políticas públicas de desarrollo urbano, movilidad, transporte, infraestructura, medio ambiente y vivienda en 84 demarcaciones y municipios de cuatro entidades. La Sedatu informó que el proyecto se encuentra en un proceso de consulta pública para recibir observaciones y propuestas de la ciudadanía.
La dependencia federal ha precisado que el programa no determina por sí mismo los usos de suelo de cada predio, no sustituye los planes municipales de desarrollo urbano ni crea nuevas leyes. Su propósito es establecer lineamientos y recomendaciones para orientar el crecimiento metropolitano, por lo que cualquier medida que afecte directamente la propiedad deberá contar con el fundamento jurídico y los procedimientos correspondientes.
El periodo de consulta pública está previsto del 24 de septiembre al 22 de noviembre de 2026, durante el cual habitantes, organizaciones sociales, especialistas y sectores interesados pueden presentar comentarios sobre el contenido del documento.
Uno de los principales cuestionamientos es cómo se diferenciará entre los terrenos que permanecen vacíos por especulación y aquellos cuyos propietarios carecen de recursos para construir, enfrentan problemas de regularización o no pueden vender sus propiedades. También está pendiente precisar qué criterios se utilizarían para clasificar un inmueble como abandonado o subutilizado y qué mecanismos de defensa tendrían sus dueños.
El debate coloca sobre la mesa dos objetivos que deberán conciliarse: aprovechar el suelo urbano para atender la demanda de vivienda y evitar el crecimiento desordenado, sin generar cargas desproporcionadas ni poner en riesgo el patrimonio de familias que poseen terrenos o casas que no utilizan de manera permanente.
Por ahora, no se trata de una disposición federal vigente que autorice decomisar automáticamente las propiedades privadas por permanecer vacías. La discusión corresponde a un proyecto de planeación metropolitana que continúa sujeto a consulta y revisión, cuyo contenido definitivo y los mecanismos legales para su eventual aplicación deberán conocerse antes de determinar sus efectos sobre los propietarios.
