Claudia Zavala Martínez
Alcohol, tabaco, vapeadores, cannabis y drogas sintéticas representan riesgos para la salud y el desarrollo de menores; la prevención, la atención familiar y la detección temprana son claves para frenar el consumo
El consumo de sustancias psicoactivas entre niñas, niños y adolescentes representa un desafío de salud pública que va más allá de las adicciones. En el Estado de México, una de las entidades más pobladas del país, el problema obliga a poner atención en los entornos escolares, familiares y comunitarios donde los menores pueden entrar en contacto con el alcohol, el tabaco, los vapeadores, la marihuana y otras drogas, con consecuencias que pueden afectar su desarrollo físico, emocional y social.
La preocupación no se limita a las sustancias ilegales. Productos de consumo cotidiano, como las bebidas alcohólicas y los cigarrillos, así como los dispositivos electrónicos para vapear, pueden convertirse en una puerta de entrada a conductas de riesgo cuando existe acceso sin supervisión, presión de grupo, desinformación o una percepción equivocada de que sus efectos son inofensivos.
Durante la adolescencia, el cerebro continúa desarrollándose, particularmente las áreas relacionadas con la toma de decisiones, el control de impulsos, la memoria y la regulación emocional. Por ello, la exposición temprana a sustancias puede aumentar la probabilidad de desarrollar patrones problemáticos de consumo y repercutir en el desempeño académico, las relaciones familiares y la salud mental.
Alcohol, vapeadores y drogas: un riesgo que comienza con la experimentación
Los datos nacionales permiten dimensionar el reto. La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025 reportó que el consumo de drogas ilegales alguna vez en la vida entre adolescentes de 12 a 17 años disminuyó de 6.2% en 2016 a 4.1% en 2025. Sin embargo, el consumo de cigarrillos electrónicos aumentó de 1.1% a 2.6% en el conjunto de la población estudiada, una señal de alerta ante la expansión de productos que suelen presentarse como alternativas menos dañinas.
El alcohol continúa siendo otro de los principales focos de atención. Aunque la ENCODAT 2025 registró una disminución del consumo de alcohol durante el último año entre adolescentes, de 28% a 17.8%, su presencia en reuniones familiares, fiestas y espacios de convivencia puede normalizar su consumo desde edades tempranas. La disponibilidad de estas bebidas y la tolerancia social hacia su uso dificultan que algunos menores identifiquen sus riesgos.
En el caso del vapeo, la percepción de que los dispositivos electrónicos contienen únicamente vapor de agua o sustancias inofensivas puede favorecer su experimentación. Algunos productos contienen nicotina, una sustancia adictiva que puede afectar el cerebro en desarrollo. A ello se suma la exposición a otras sustancias presentes en los líquidos y aerosoles, cuyos efectos dependen de su composición y de la frecuencia de uso.
La marihuana, la cocaína, los estimulantes y los medicamentos utilizados sin prescripción médica también requieren atención. El peligro no radica solamente en la posibilidad de desarrollar dependencia, sino en las consecuencias que pueden tener sobre la concentración, el aprendizaje, el estado de ánimo y la capacidad para tomar decisiones. En sustancias de composición desconocida, además, existe el riesgo de intoxicaciones y reacciones graves.
La salud mental, un factor que no puede quedar fuera
El consumo de sustancias durante la infancia y la adolescencia no puede analizarse de manera aislada. La violencia familiar, el acoso escolar, la falta de acompañamiento, la presión de grupo y el malestar emocional pueden influir en las decisiones de los jóvenes, aunque ninguno de estos factores determina por sí solo que una persona vaya a consumir drogas.
La ENCODAT 2025 también identificó vulnerabilidades importantes en la población adolescente relacionadas con el malestar psicológico, la violencia y las conductas suicidas. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de que las estrategias de prevención no se limiten a advertir sobre las consecuencias de las drogas, sino que incorporen atención psicológica accesible, orientación escolar y redes de apoyo para quienes atraviesan situaciones difíciles.
Cuando un adolescente presenta cambios repentinos de conducta, aislamiento, problemas escolares o alteraciones del sueño, no es correcto concluir automáticamente que consume alguna sustancia. Sin embargo, estas señales pueden justificar una conversación cercana y, cuando sea necesario, una valoración profesional. La detección temprana debe realizarse sin estigmatizar ni criminalizar a los menores.
El desafío para el Estado de México
En el Estado de México, la prevención requiere la participación coordinada de las autoridades sanitarias, educativas y de seguridad, así como de las familias y las comunidades. La Secretaría de Seguridad estatal cuenta con acciones de prevención social dirigidas a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, madres, padres y docentes, en las que se incluyen problemáticas como las adicciones, la deserción escolar, el acoso y la violencia intrafamiliar.
No obstante, para dimensionar con precisión el problema mexiquense se necesitan estadísticas estatales recientes y desglosadas por edad, municipio, tipo de sustancia y frecuencia de consumo. Los porcentajes nacionales permiten identificar tendencias, pero no deben presentarse como si describieran directamente la situación de municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tecámac, Toluca o Naucalpan.
También resulta indispensable evaluar si los programas preventivos llegan a las comunidades con mayores necesidades, si las escuelas cuentan con mecanismos de detección y canalización, y si los servicios de salud mental y tratamiento son accesibles para las familias. Sin información pública actualizada y mecanismos de seguimiento, es difícil determinar dónde se concentra el riesgo y qué acciones están dando resultados.
Prevenir antes de que el consumo se convierta en dependencia
La prevención efectiva comienza mucho antes de que aparezca una adicción. Implica ofrecer información clara y adecuada a cada edad, fortalecer las habilidades para resistir la presión social, vigilar el acceso a sustancias, promover actividades deportivas y culturales, y garantizar espacios seguros donde niñas, niños y adolescentes puedan expresar sus problemas sin temor a ser castigados o señalados.
Las familias tienen un papel fundamental, pero no pueden cargar solas con la responsabilidad. Las escuelas necesitan protocolos de actuación, los centros de salud deben contar con mecanismos de atención oportuna y las autoridades tienen que impulsar campañas permanentes que vayan más allá de mensajes alarmistas.
También es necesario distinguir entre experimentar, presentar un consumo problemático y desarrollar una dependencia. Cada situación requiere una respuesta adecuada, con orientación, evaluación profesional y tratamiento cuando corresponda. Castigar o etiquetar a un menor puede alejarlo de la ayuda que necesita.
El reto para el Estado de México es impedir que el consumo de sustancias comprometa las oportunidades educativas, la salud y el proyecto de vida de sus nuevas generaciones. Las cifras nacionales muestran avances en algunos indicadores y señales de alerta en otros; por ello, la respuesta debe basarse en evidencia, prevención continua y atención accesible.
La dimensión del problema no se mide únicamente por cuántos jóvenes consumen sustancias, sino también por la capacidad de las instituciones y las familias para evitar que comiencen a hacerlo, identificar oportunamente los riesgos y ofrecer alternativas reales a quienes necesitan ayuda.
