Claudia Zavala Martínez
Toluca, México.– Recuperar la libertad representa el cierre de una etapa jurídica, pero también el comienzo de uno de los momentos más complejos para una persona que estuvo privada de la libertad: regresar a la sociedad, recuperar vínculos familiares, conseguir un empleo y construir nuevamente un proyecto de vida.
En el Estado de México, la reinserción social contempla que hombres y mujeres que egresan de los centros penitenciarios puedan acceder a distintos servicios de acompañamiento. El modelo estatal considera como ejes el trabajo, la capacitación laboral, la educación, la salud y el deporte, además de atención profesional y acciones de vinculación social.
Uno de los principales desafíos es el empleo. Para una persona recién liberada, obtener ingresos representa una condición fundamental para recuperar autonomía económica, pero también puede convertirse en uno de los mayores obstáculos para comenzar nuevamente. Por ello, las autoridades mexiquenses contemplan acciones de inclusión laboral para personas recluidas, preliberadas y liberadas, con participación de los sectores público, privado y social.
Los programas de reinserción también buscan que la capacitación adquirida durante la permanencia en prisión pueda convertirse en una herramienta para obtener ingresos. La estrategia oficial contempla orientación para la búsqueda de empleo, elaboración de currículum, conocimiento de vacantes y vinculación con ferias laborales.
Un antecedente revela la dimensión de esta tarea. Durante 2023, el Estado de México reportó seguimiento a mil 987 personas liberadas o con beneficio preliberacional, además de más de 40 mil servicios postpenales, que incluyeron pláticas y visitas domiciliarias a núcleos familiares y lugares de trabajo. En ese mismo periodo se otorgaron más de 26 mil acciones de atención psicológica y más de 25 mil seguimientos médicos a personas preliberadas.
La educación constituye otra vía para ampliar las posibilidades de reintegración. Dentro de los centros penitenciarios existen programas de alfabetización, primaria, secundaria y preparatoria abierta. Los certificados de educación básica y media superior obtenidos mediante estos programas tienen validez oficial y no indican que los estudios hayan sido realizados durante la reclusión, de acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad estatal.
Esto abre una posibilidad particularmente importante para quienes salen de prisión sin una preparación académica suficiente. Continuar los estudios puede facilitar el acceso a empleos que requieren determinado nivel educativo y, al mismo tiempo, ofrecer una herramienta para reconstruir un proyecto personal a mediano plazo.
Las oportunidades tampoco son iguales para todos. Las necesidades de una mujer que regresa a casa pueden estar relacionadas con el cuidado de hijos, la recuperación de ingresos o la reconstrucción de redes familiares; para un hombre pueden presentarse otros obstáculos vinculados con empleo, vivienda o relaciones familiares. Por ello, una política de reinserción requiere atención individualizada y no solamente mecanismos generales.
El propio sistema penitenciario mexiquense establece que mujeres y hombres deben tener acceso a la educación dentro de los centros. Además, el seguimiento posterior a la liberación busca evaluar el proceso de adaptación y mantener determinadas acciones de acompañamiento.
Otro componente es la atención psicológica y familiar. La salida de prisión puede implicar cambios importantes en las relaciones personales y en la dinámica de los hogares. En este sentido, el acompañamiento postpenal no solamente está dirigido a quien recupera la libertad, sino que puede involucrar también a sus familiares.
Sin embargo, el reto va más allá de ofrecer cursos o canalizar a una persona hacia una vacante. La reinserción depende también de que existan empleadores dispuestos a contratar a personas con antecedentes penitenciarios, redes familiares capaces de recibirlas y servicios públicos que permitan atender necesidades educativas, médicas, psicológicas y sociales.
Las cifras oficiales muestran que el Estado de México ya cuenta con mecanismos de seguimiento postpenal, pero también evidencian que la reinserción es un proceso que requiere continuidad. El propio sistema penitenciario contempla servicios después de la salida y acciones para prevenir la reincidencia.
En 2025, además, las autoridades reportaron 53 preliberaciones y 16 amnistías dentro del sistema penitenciario mexiquense. Estos beneficios implican que más personas pueden enfrentar anticipadamente el proceso de regreso a la sociedad, lo que vuelve indispensable contar con mecanismos de acompañamiento fuera de los centros penitenciarios.
El gran desafío, por tanto, es que la libertad se traduzca en oportunidades concretas. Tener derecho a salir de prisión es el primer paso; contar con documentos, educación, atención médica y psicológica, un lugar donde vivir, una red familiar y, sobre todo, un empleo lícito y estable puede determinar qué tan viable resulta comenzar de nuevo.
Para hombres y mujeres que han cumplido una sentencia, la reinserción no debería terminar en la puerta del penal. El verdadero proceso comienza cuando vuelven a caminar por las calles de sus comunidades y necesitan demostrar, pero también encontrar las condiciones para demostrar, que pueden reconstruir su vida dentro de la sociedad.
