(Agencias)
Ciudad de México.- México vive sobre una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Los movimientos telúricos forman parte de la dinámica natural del territorio y, aunque la mayoría son imperceptibles y no provocan daños, los grandes terremotos han demostrado que el riesgo puede convertirse en una emergencia nacional en cuestión de minutos.
Los registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN) muestran un crecimiento considerable en el número de sismos localizados. En 1990 se contabilizaron 796 eventos, mientras que en 2010 fueron 3 mil 462; para 2020 la cifra llegó a 30 mil 130 y en 2025 alcanzó 39 mil 983 sismos. El SSN advierte que este incremento obedece principalmente a la instalación de más estaciones de monitoreo y a una mayor capacidad para detectar movimientos pequeños, por lo que no significa necesariamente que México esté experimentando un aumento de la actividad sísmica.
La razón de esta actividad se encuentra bajo tierra. La mayor parte del territorio mexicano se ubica sobre la Placa de Norteamérica, mientras que alrededor convergen las placas de Cocos, Rivera, Pacífico y Caribe. La interacción entre estas placas genera miles de movimientos sísmicos prácticamente en todo el país, aunque la mayor concentración se presenta en la costa del Pacífico.
Septiembre y la memoria de los grandes terremotos
La historia reciente explica por qué septiembre tiene un significado particular para millones de mexicanos. Desde 1985 se han registrado cinco sismos de magnitud igual o superior a 7 durante septiembre, incluidos los ocurridos el 19 y 20 de septiembre de 1985, el 7 y 19 de septiembre de 2017 y el 7 de septiembre de 2021. Sin embargo, las autoridades han subrayado que esta coincidencia no significa que exista una “temporada” de sismos: estos fenómenos no pueden predecirse.
El 19 de septiembre de 1985, un terremoto de magnitud 8.1, con epicentro frente a las costas de Michoacán, golpeó principalmente a la Ciudad de México. De acuerdo con CENAPRED, provocó más de 30 mil heridos, 150 mil damnificados, 30 mil viviendas destruidas y más de 60 mil con daños. La cifra oficial de fallecidos fue de 6 mil y las pérdidas económicas se estimaron en 4 mil 100 millones de dólares.
Tres décadas después, el 7 de septiembre de 2017, un sismo de magnitud 8.2 sacudió el golfo de Tehuantepec. El movimiento dejó 99 personas fallecidas, más de 449 mil damnificados y 112 mil 407 viviendas afectadas; también provocó daños en 6 mil 419 escuelas y 51 unidades de salud. Para dimensionar la fuerza del fenómeno, 15 días después ya se habían registrado 4 mil 326 réplicas.
Doce días después ocurrió otro terremoto de gran impacto. El 19 de septiembre de 2017, un sismo de magnitud 7.1, con epicentro cerca de Chiautla de Tapia, Puebla, dejó víctimas en seis entidades. CENAPRED reportó 228 fallecidos en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 15 en el Estado de México, seis en Guerrero y uno en Oaxaca. El costo de las afectaciones fue estimado en 62 mil 99 millones de pesos.
El impacto no se limita a las pérdidas humanas. El registro oficial de daños de 2017 muestra que la Ciudad de México tuvo 14 mil 812 viviendas dañadas, 762 escuelas y 143 unidades de salud afectadas, además de pérdidas económicas estimadas en casi 44 mil millones de pesos. Oaxaca registró más de 67 mil viviendas dañadas y Chiapas más de 46 mil.
Una amenaza permanente
Los datos muestran que México no enfrenta un fenómeno excepcional, sino un riesgo permanente. Entre 2020 y 2024, el país registró más de 24 mil sismos cada año, de acuerdo con cifras del SSN recopiladas por CENAPRED. En ese periodo también ocurrieron movimientos de magnitud 7 o superior, como los de magnitud 7.7 registrados en 2020 y 2022.
La Ciudad de México, además, presenta condiciones particulares que pueden amplificar los efectos de un terremoto. CENAPRED señala que la capital puede recibir ondas provenientes de diferentes fuentes sísmicas, mientras que las características del subsuelo de la cuenca pueden modificar la respuesta del terreno. Por ello, un sismo ocurrido a cientos de kilómetros puede producir movimientos importantes en la capital.
Uno de los principales retos continúa siendo reducir la vulnerabilidad de las construcciones. Los terremotos de 1985 y 2017 evidenciaron que la magnitud por sí sola no determina el nivel de destrucción: también influyen la distancia al epicentro, la profundidad, el tipo de suelo, la calidad de las edificaciones y la preparación de la población.
México cuenta actualmente con sistemas de monitoreo y alerta sísmica que permiten reducir el tiempo de reacción ante determinados eventos. Sin embargo, la alerta no constituye una predicción del terremoto ni garantiza que todas las personas reciban varios segundos de anticipación. La propia autoridad de Protección Civil insiste en que los sismos no pueden predecirse, por lo que la preparación debe mantenerse de manera permanente.
La cifra que mejor resume el desafío es contundente: decenas de miles de sismos son registrados cada año en territorio mexicano. La gran mayoría no causa daños, pero la historia demuestra que los terremotos de gran magnitud pueden cobrar vidas, destruir viviendas y afectar infraestructura estratégica en cuestión de segundos. Por ello, más que esperar el próximo gran movimiento, el desafío está en disminuir las condiciones que convierten un fenómeno natural en un desastre.
