(Agencias)
El Comando Sur de Estados Unidos informó que interceptó y hundió el pesquero Don Rufo en el Pacífico Oriental; Washington sostiene que la embarcación funcionaba como estación flotante de abastecimiento para operaciones de narcotráfico relacionadas con Los Choneros. La tripulación fue entregada a autoridades ecuatorianas.
Fuerzas de Estados Unidos hundieron una nueva embarcación ecuatoriana en el Pacífico Oriental, en una operación que representa la sexta nave destruida en menos de dos semanas como parte de la ofensiva contra las redes marítimas de narcotráfico que Washington atribuye a organizaciones criminales de Ecuador.
De acuerdo con el Comando Sur, la operación se realizó el 8 de septiembre bajo la dirección de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental. La nave fue identificada como el pesquero Don Rufo y, según la inteligencia estadounidense, era utilizada como una estación flotante para reabastecer de combustible a embarcaciones involucradas en el tráfico ilícito de drogas.
El Comando Sur afirmó que sus fuerzas interceptaron la embarcación, retiraron a las personas que se encontraban a bordo y posteriormente hundieron el barco. Los tripulantes fueron entregados a las autoridades ecuatorianas para continuar con las investigaciones correspondientes.
La acción contra el Don Rufo forma parte de una campaña marítima que Estados Unidos comenzó a reportar el pasado 28 de agosto, en coordinación con el gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa.
Con esta operación suman seis embarcaciones ecuatorianas interceptadas y hundidas en menos de dos semanas. Washington sostiene que las naves formaban parte de una estructura logística utilizada para facilitar el traslado de drogas por el Pacífico hacia el norte del continente.
Estados Unidos ha relacionado estas operaciones con Los Choneros, una de las principales organizaciones criminales de Ecuador y un grupo que el gobierno de Donald Trump ha designado como organización terrorista.
La ofensiva representa una intensificación de la cooperación de seguridad entre Washington y Quito, en momentos en que Ecuador enfrenta una creciente violencia vinculada con el narcotráfico y la disputa entre organizaciones criminales por las rutas de cocaína.
Aunque Estados Unidos sostiene que cuenta con información de inteligencia para identificar las embarcaciones como parte de redes de narcotráfico, la estrategia ha generado cuestionamientos debido a la falta de pruebas públicas que permitan comprobar de manera independiente los vínculos atribuidos a algunas de las naves.
La controversia aumentó después de que familiares de tripulantes de embarcaciones atacadas anteriormente aseguraran que sus parientes eran pescadores y negaran cualquier relación con Los Choneros.
Además, autoridades judiciales ecuatorianas han liberado a tripulantes de algunas de las embarcaciones destruidas por Estados Unidos. El 9 de septiembre, por ejemplo, 32 tripulantes de dos barcos fueron puestos en libertad condicional después de enfrentar un proceso por presunta asociación ilícita.
En otro caso, un juez había ordenado previamente la liberación de 28 tripulantes al no encontrar indicios suficientes de delito, según reportes de medios internacionales.
El gobierno ecuatoriano ha defendido las operaciones estadounidenses y sostiene que forman parte de investigaciones conjuntas contra las estructuras dedicadas al narcotráfico.
El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, señaló que algunas de las embarcaciones funcionaban como puntos de reabastecimiento para lanchas rápidas que trasladaban droga hacia México y Estados Unidos.
La cooperación con Washington se ha convertido en uno de los principales componentes de la estrategia de seguridad del gobierno de Daniel Noboa, quien ha estrechado los vínculos con la administración de Donald Trump para combatir a las organizaciones criminales que operan en territorio ecuatoriano.
El hundimiento del Don Rufo vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre el uso de la fuerza militar en operaciones contra el narcotráfico en aguas internacionales.
Mientras Washington sostiene que sus acciones buscan cortar las rutas marítimas y la infraestructura logística de los grupos criminales, organizaciones de derechos humanos y familiares de tripulantes han cuestionado la transparencia de las operaciones y han pedido investigaciones independientes.
La principal incógnita será determinar si las embarcaciones destruidas estaban efectivamente involucradas en actividades de narcotráfico y si las pruebas obtenidas durante las operaciones serán suficientes para sostener las acusaciones ante las autoridades ecuatorianas.
Por ahora, la operación contra el Don Rufo confirma la creciente militarización de la lucha contra el narcotráfico en el Pacífico Oriental, así como la estrecha alianza de seguridad entre Estados Unidos y Ecuador.
El caso también abre un debate regional sobre los límites de estas operaciones y sobre la necesidad de que las acciones contra el crimen organizado estén acompañadas de pruebas verificables, transparencia y respeto al debido proceso.
