La reforma constitucional, impulsada por Daniel Ortega, amplía de seis a siete años el mandato presidencial y restringe la participación política de opositores señalados por el gobierno
(Agencias)
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó en primera legislatura una reforma constitucional impulsada por el copresidente Daniel Ortega que impide a personas consideradas “traidoras a la patria” o vinculadas con supuestos intentos de golpe de Estado participar como candidatas en elecciones.
La modificación fue aprobada por unanimidad durante una sesión especial celebrada en la ciudad de León. Al tratarse de una reforma constitucional, todavía deberá ser ratificada en una segunda legislatura para entrar en vigor. La segunda votación está prevista para enero de 2027.
El nuevo texto establece que no podrán ser candidatos a cargos de elección popular ni ejercer determinados cargos públicos quienes sean considerados por el régimen como “traidores a la patria”.
La disposición también alcanza a personas a las que el gobierno atribuya participación, liderazgo, financiamiento o cualquier vínculo con la planificación o ejecución de un supuesto golpe de Estado. También contempla a quienes soliciten una intervención militar extranjera.
El término “traidores a la patria” ha sido utilizado por el gobierno de Ortega para referirse a opositores y críticos, incluidos cientos de nicaragüenses que han sido despojados de su nacionalidad. Entre ellos se encuentran los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
La reforma también modifica la duración del periodo presidencial, que pasa de seis a siete años. El cambio alcanza igualmente a otros funcionarios electos, así como a los jefes del Ejército y de la Policía.
La medida ocurre después de que Ortega declarara en julio que en Nicaragua “no habrá más elecciones”, argumentando que buscaba impedir que la oposición recuperara el poder.
La reforma no elimina formalmente los comicios, pero establece nuevas restricciones que podrían limitar la competencia electoral y la participación de sectores opositores.
La decisión profundiza el control del gobierno de Ortega y de su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, sobre las instituciones del país.
La oposición nicaragüense ha denunciado durante años persecución política, encarcelamientos, exilio y pérdida de nacionalidad. La situación ha generado críticas de Estados Unidos y de distintos gobiernos y organismos internacionales.
La reforma aprobada representa un nuevo cambio al marco constitucional nicaragüense y deberá completar el proceso legislativo antes de adquirir plena vigencia.
