Sinaloa ante el costo de una decisión personal
(Agencias)
Rubén Rocha Moya consiguió en apenas unas horas algo que parecía difícil: convertir su regreso a la gubernatura de Sinaloa en un problema político mayor para el propio movimiento que lo llevó al poder.
El episodio resulta particularmente revelador porque no se trata solamente de la reincorporación de un gobernador con licencia. Se trata de un mandatario que decidió volver al cargo en medio de investigaciones abiertas y de graves señalamientos formulados por autoridades estadounidenses, para después abandonar nuevamente la responsabilidad ante el rechazo político que provocó su decisión. Su regreso duró aproximadamente 33 horas.
Rocha Moya sostiene que las acusaciones en su contra carecen de fundamento y las ha presentado como parte de una ofensiva política. Esa posición debe ser considerada dentro del principio de presunción de inocencia. Pero también es legítimo preguntarse si un gobernador sometido a un escrutinio de esta magnitud puede anteponer su reivindicación personal a la estabilidad institucional de un estado que atraviesa una profunda crisis de seguridad.
La propia Secretaría de Gobernación se apresuró a marcar distancia y calificó la reincorporación de Rocha como una decisión exclusivamente personal. Después, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó públicamente que no le parecía pertinente su regreso y subrayó que el interés nacional debe estar por encima de ambiciones personales.
El mensaje difícilmente podría ser más contundente: Rocha Moya dejó de ser solamente un problema de Sinaloa para convertirse en un problema político para Morena.
Sinaloa no necesita hoy una disputa de egos, sino certidumbre. La entidad enfrenta una crisis de violencia que ha dejado miles de muertos y desaparecidos durante los últimos dos años, además de fuertes afectaciones económicas. En ese contexto, la imagen de un gobierno atrapado entre licencias, regresos inesperados, investigaciones y confrontaciones políticas transmite precisamente lo contrario de lo que una sociedad en crisis necesita: estabilidad.
La crítica más severa contra Rocha Moya, por tanto, no necesariamente depende de demostrar hoy las acusaciones estadounidenses. Esa tarea corresponde a las autoridades competentes. El cuestionamiento político puede formularse desde otro ángulo: ¿era responsable regresar al cargo en estas circunstancias?
Su respuesta parece haber sido afirmativa.
La reacción posterior del gobierno federal y de Morena sugiere lo contrario.
El episodio deja además una imagen incómoda para el partido gobernante. Si Rocha Moya podía reincorporarse unilateralmente a la gubernatura, ¿quién estaba realmente tomando las decisiones? Y si su regreso tuvo que ser frenado políticamente en cuestión de horas, ¿qué tan sólida era la conducción institucional del estado?
El gobernador terminó solicitando nuevamente licencia y el Congreso de Sinaloa aceptó su renuncia. El desenlace revela que el intento de recuperar el poder terminó acelerando su aislamiento político.
Rocha Moya puede defender su honorabilidad, exigir pruebas y reclamar el debido proceso. Tiene derecho a hacerlo. Pero gobernar implica algo más que defenderse personalmente: implica entender cuándo la permanencia en el poder deja de servir a la institución.
En política, a veces la mayor demostración de autoridad consiste precisamente en saber cuándo hacerse a un lado.
Rocha Moya parece haber aprendido esa lección demasiado tarde.
Su regreso, breve y controvertido, quedará como uno de los episodios más singulares de la política sinaloense reciente: un gobernador que quiso recuperar el despacho para demostrar que seguía teniendo autoridad y que terminó demostrando, paradójicamente, cuánto había disminuido su margen de maniobra.
El problema ya no es solamente qué dice Rocha Moya sobre las acusaciones en su contra.
El problema es qué dice su conducta política sobre el estado que deja.
