Claudia Zavala Martínez
Toluca, México.- Las bancadas del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra de la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México (Infoem), al advertir que trasladar sus funciones al Poder Ejecutivo representa un retroceso para el derecho ciudadano a conocer cómo se utilizan los recursos públicos.
Con 56 votos a favor y 19 en contra, el Congreso del Estado de México aprobó la reforma que extingue al Infoem y establece un nuevo modelo de transparencia mediante la creación de Transparencia Mexiquense, organismo que quedará adscrito a la Secretaría de la Contraloría estatal.
Durante el debate, legisladores de oposición cuestionaron que la nueva autoridad encargada de garantizar el acceso a la información dependa directamente del Ejecutivo, debido a que entre sus atribuciones estará resolver controversias relacionadas precisamente con información generada por dependencias y funcionarios de ese poder.
El argumento que unificó a PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano fue que la transparencia pierde fuerza cuando el órgano encargado de garantizarla deja de contar con autonomía frente a quienes deben ser vigilados.
Los diputados opositores señalaron que el acceso a la información pública no es una concesión de los gobiernos, sino un derecho ciudadano que requiere instituciones capaces de actuar con independencia.
La desaparición del Infoem forma parte de la transformación del modelo de organismos autónomos en materia de transparencia. Con la reforma, las funciones de acceso a la información, protección de datos personales y resolución de recursos de revisión pasarán al nuevo esquema estatal.
Entre las voces que se pronunciaron contra la desaparición del Infoem estuvieron el priista Eduardo Zarzosa Sánchez; las panistas Krishna Karina Romero Velázquez, Emma Laura Álvarez Villavicencio y Rocío Alexia Dávila Sánchez; la emecista Ruth Salinas Reyes, y los perredistas Araceli Casasola Salazar.
Los legisladores coincidieron en advertir que trasladar las funciones del órgano garante a una estructura dependiente del Ejecutivo puede debilitar los contrapesos institucionales y dificultar que la ciudadanía ejerza plenamente su derecho de acceso a la información.
El punto de mayor controversia
Uno de los principales cuestionamientos se concentró en la ubicación institucional de Transparencia Mexiquense. Al quedar dentro de la estructura del Ejecutivo, legisladores de oposición advirtieron el riesgo de que una misma autoridad pueda intervenir en la entrega de información y, al mismo tiempo, estar sujeta a las obligaciones de transparencia.
Para las bancadas que votaron en contra, el problema no radica únicamente en cambiar el nombre o la estructura administrativa, sino en modificar el mecanismo mediante el cual los ciudadanos pueden exigir información a las autoridades.
La mayoría legislativa defendió la reforma bajo el argumento de que permitirá reducir estructuras administrativas, evitar duplicidad de funciones y adecuar la legislación estatal al nuevo modelo nacional de transparencia.
Con la aprobación, comenzará el proceso para extinguir el Infoem y transferir sus atribuciones, recursos y obligaciones al nuevo esquema.
El cambio abre una nueva etapa para el derecho de acceso a la información en el Estado de México, pero también deja abierto el debate sobre qué tan independiente puede ser una institución de transparencia cuando forma parte del mismo Poder Ejecutivo al que corresponde vigilar.
