Ana Lilia García Castelán
Toluca, México. En un viraje estructural que redefine la fiscalización y el acceso a la información en la entidad, el Congreso del Estado de México aprobó la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) para dar paso a Transparencia Mexiquense, un nuevo órgano administrativo que operará de manera desconcentrada bajo la tutela de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo estatal.
La reestructuración – avalada durante el Octavo Periodo Ordinario de la LXII Legislatura- consolida las iniciativas presentadas por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el diputado Gerardo Pliego Santana (morena). El nuevo marco legal implicó la expedición de dos nuevas leyes marco en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales, además de reformas a cinco ordenamientos estatales clave: la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Archivos, la Ley del Sistema Anticorrupción y los códigos Administrativo y Financiero.
El parlamentario Gerardo Pliego, presidente de la Comisión para el Combate a la Corrupción, sostuvo al leer el dictamen que este esquema no solo moderniza el marco normativo, sino que impulsa la austeridad y simplifica la estructura gubernamental. Por su parte, el legislador Octavio Martínez Vargas (morena) aseveró que los derechos ciudadanos quedan a salvo y argumentó que los recursos que antes se destinaban a «altos salarios y viajes» en el extinto instituto ahora podrán reorientarse hacia programas sociales, infraestructura hídrica, educación y servicios públicos.
Sin embargo, la pérdida de autonomía constitucional del ente garante encendió un álgido debate en el Pleno. Representantes del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD cerraron filas contra el dictamen al advertir un grave conflicto de interés en que sea el propio Poder Ejecutivo, a través de la Contraloría, quien asuma la labor de supervisar, evaluar e impartir justicia sobre el acceso a la información de la administración pública.
Durante las intervenciones de la oposición, el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI) alertó sobre el riesgo de desatención institucional, señalando que el 71 % de las bases del catálogo nacional datos.gob.mx permanecen abandonadas o desactualizadas tras las reformas federales en la materia. A la par, la diputada Rocío Alexia Dávila Sánchez (PAN) subrayó la magnitud del trabajo que absorbe este nuevo modelo, recordando que, tan solo entre el 1 de enero y el 16 de junio de 2026, el Infoem registró 25,962 solicitudes de información y 6,492 recursos de revisión. A las críticas se sumaron Ruth Salinas Reyes (MC), quien recriminó la ausencia de requisitos claros para elegir al titular del nuevo órgano, y Omar Ortega Álvarez (PRD), quien calificó la medida como un «retroceso de más de 35 años».
Para coordinar la política transversal en la materia, la reforma mandata la creación del Subsistema de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México, encabezado por la persona titular de la Secretaría de la Contraloría. Este comité estará integrado colegiadamente por los contralores de los poderes Legislativo y Judicial; los titulares de los órganos internos de control de organismos autónomos (Codhem, FGJEM, IEEM, TEEM, TRIJAEM y UAEMex), y siete representantes de contralorías municipales insaculados anualmente por cada una de las regiones del Plan de Desarrollo estatal. Asimismo, cada sujeto obligado deberá contar con una Unidad y un Comité de Transparencia de número impar que actuará como máxima autoridad interna.
El proceso de transición contempla la abrogación formal de las leyes vigentes desde 2016 y 2017. A través de artículos transitorios, el Poder Legislativo dispuso la creación de una Comisión Transitoria de Transferencia para coordinar la liquidación del Infoem, el traspaso de sus recursos materiales y financieros, y la migración de sus atribuciones hacia la nueva estructura interna de la Contraloría estatal.
Por otro lado, en el marco de la jornada legislativa, y a petición de la diputada Ruth Salinas, el Pleno del Congreso mexiquense guardó un minuto de silencio en memoria de Darío Vázquez Morales, servidor público de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, y de Raúl Figueroa Ocampo, integrante del Departamento de Seguridad, fallecidos el 16 de julio y el 19 de junio de este año, respectivamente.
