Claudia Zavala Martínez
Estado de México.- Después de décadas de trabajo, miles de personas enfrentan la jubilación con ingresos que no siempre corresponden con sus necesidades económicas, en un escenario marcado por el aumento del costo de vida, gastos médicos y una población pensionada que crece con rapidez.
En el Estado de México, el problema adquiere especial relevancia en el caso del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM). De acuerdo con información difundida por el propio instituto, durante 2025 se otorgaron 13 mil 363 nuevas altas de pensión, un incremento de 25 por ciento respecto al año anterior.
El crecimiento de la población pensionada también representa un desafío financiero para el sistema. Datos reportados sobre la evolución del ISSEMyM señalan que el número de pensionados pasó de aproximadamente 14 mil en el año 2000 a 75 mil en 2025, mientras que para septiembre de ese año se estimaba que la cifra ya rondaba los 92 mil. Las proyecciones citadas apuntaban a cerca de 140 mil pensionados para 2030.
Cuando la pensión ya no alcanza
Para muchos jubilados, el monto mensual debe cubrir alimentación, vivienda, servicios, medicamentos y consultas médicas. Cuando el ingreso resulta insuficiente, las familias terminan convirtiéndose en una red de apoyo económico para cubrir las necesidades que no puede solventar la pensión.
El problema no se limita al monto nominal de la jubilación. La capacidad de compra también depende de la inflación y del incremento de los gastos básicos. Una pensión que puede parecer suficiente sobre el papel puede perder capacidad adquisitiva cuando aumentan alimentos, servicios y medicamentos.
En el sistema del IMSS existe una Pensión Mínima Garantizada, cuyo monto está vinculado al salario mínimo general de la Ciudad de México y se actualiza anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Un sistema bajo presión
El envejecimiento de la población y el incremento del número de personas pensionadas han colocado a los sistemas de seguridad social ante un reto creciente: garantizar pagos suficientes sin comprometer su viabilidad financiera.
En el caso del ISSEMyM, esta presión llevó al planteamiento de una reforma que proponía incrementar gradualmente la edad de jubilación de 62 a 65 años para las nuevas generaciones de trabajadores. Sin embargo, la propuesta fue frenada al cierre de 2025 y se planteó construir una nueva legislación durante 2026.
El debate revela una tensión de fondo: los trabajadores buscan retirarse con una pensión digna, mientras las instituciones enfrentan el desafío de sostener financieramente las obligaciones adquiridas durante las próximas décadas.
El reto de una vejez digna
A nivel nacional, el acceso a una pensión suficiente continúa siendo un desafío. El Coneval ha documentado que la carencia por acceso a la seguridad social entre la población de 65 años o más alcanzó 28.8 por ciento en 2020, aunque representó una reducción respecto de años anteriores.
El problema, por tanto, va más allá de recibir o no una pensión: también implica determinar si ese ingreso permite mantener una vida digna después de años de trabajo.
Para los jubilados, el reclamo central es que las pensiones permitan cubrir las necesidades básicas sin depender de familiares ni regresar al mercado laboral por falta de recursos.
Mientras el número de pensionados continúa creciendo, el desafío para las instituciones será encontrar un equilibrio entre sostenibilidad financiera, suficiencia de las pensiones y derecho a una vejez digna.
