La bancada coordinada por el diputado Juan Zepeda también impulsó el reconocimiento de pueblos originarios y afromexicanos como sujetos de derechos y la creación del Directorio Voluntario de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos para su protección en casos de emergencia
En este intervalo —que incluyó el Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, los periodos extraordinarios sexto y séptimo, y sesiones de la Diputación Permanente—, el legislador Juan Zepeda, vocal de la Junta de Coordinación Política, respaldó reformas que fortalecen las actuaciones del Congreso estatal
Esta bancada también presentó iniciativas en materia de movilidad, salud, infancias, educación, seguridad, gobierno, juventudes, patrimonio cultural, discapacidad y medio ambiente, las cuales están en análisis
Redacción El Monitor
Toluca, México.- Del 31 de enero al 15 de julio de 2026, el Grupo Parlamentario de MC en la LXII Legislatura mexiquense, coordinado por el diputado Juan Manuel Zepeda Hernández, contribuyó al diseño y aprobación de las leyes de Salud y de Protección, Cuidado y Bienestar Animal, así como reformas para la protección de personas indígenas, periodistas y defensoras de derechos humanos.
En este lapso, el Congreso mexiquense avaló la Ley de Salud —vigente desde el 28 de abril—, que incorpora propuestas de los grupos parlamentarios de morena, PVEM, PT, PAN, PRI, MC y PRD, así como de un ciudadano y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
La ley, con la que la entidad no contaba desde 2001, incorpora planteamientos del grupo parlamentario de MC para reconocer, por primera vez, los derechos de las personas usuarias y pacientes con un catálogo de garantías como el trato digno, el consentimiento informado, la confidencialidad, el acceso al expediente clínico, la atención de urgencias y el acceso a medicamentos.
Además, identifica como grupos de atención prioritaria a las personas adultas mayores, con discapacidad, en situación de calle, migrantes, de la diversidad sexual y víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos; mujeres y personas gestantes; niñas, niños y adolescentes; pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Adicionalmente, garantiza un enfoque integral de este derecho en sus dimensiones preventiva, curativa, rehabilitadora y paliativa; dispone la creación del Sistema Estatal de Salud como mecanismo de coordinación institucional en la materia; plantea medidas para la atención conjunta del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, las infecciones de transmisión sexual y la tuberculosis; considera la atención de emergencias obstétricas y la condición materno-perinatal; incluye la prestación de servicios para la interrupción del embarazo, el cuidado de las infancias y adolescencias, así como de las personas adultas mayores para un envejecimiento sano.
Sobre la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal —aprobada el pasado 22 de abril—, busca brindar protección a los animales como seres sintientes, asegurar la sanidad animal y la salud pública, e incrementar sanciones por maltrato animal que alcanzarían hasta 15 años de prisión con diferentes agravantes.
Además, mandata la creación del Consejo Ciudadano de Protección y Bienestar Animal; el establecimiento de los centros estatal y municipales de control y bienestar animal; la implementación del Registro Único de Animales de Compañía; la integración del Padrón de Asociaciones Protectoras de Animales; la constitución del Fondo para la Protección de los Animales; y la asignación de la Clave Única de Registro de Animales de Compañía.
El dictamen de esta ley reunió iniciativas presentadas por separado por las bancadas de morena, PVEM, PAN, MC y PRD, además de la gobernadora.
A propuesta de esta bancada, integrada por su coordinador, el diputado Juan Manuel Zepeda Hernández; las diputadas Ruth Salinas Reyes y Maricela Beltrán Sánchez, y el legislador Martín Zepeda Hernández, se aprobó la reforma que reconoce a los sectores indígenas y afrodescendientes. La bancada aportó propuestas para considerarlos sujetos de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio y derecho a la libre determinación dentro de la unidad nacional.
La iniciativa, que también reunió propuestas del PRI y la gobernadora, establece que estas comunidades podrán decidir sus formas internas de gobierno, organización social, económica, política y cultural, además de aplicar sus propios sistemas normativos para resolver conflictos internos con apego a las constituciones y al respeto de los derechos humanos.
La reforma fortalece los derechos culturales, lingüísticos y territoriales de los pueblos indígenas y reconoce su derecho a preservar y desarrollar su patrimonio cultural y sus lenguas, participar en modelos educativos con enfoque pluricultural, promover la medicina tradicional y acceder al uso preferente de los recursos naturales en los lugares que habitan, respetando los derechos de terceros.
Asimismo, garantiza el acceso a la justicia estatal con apoyo de intérpretes, traductores y especialistas en materia indígena, además del derecho a ser consultados sobre medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles.
Por otro lado, las autoridades impulsarán políticas públicas para fortalecer el desarrollo integral de estas comunidades. Esto incluye asignar presupuesto directo, ampliar servicios básicos, promover vivienda digna, educación intercultural y participación igualitaria de las mujeres indígenas. También se contempla el impulso a infraestructura, transporte, proyectos productivos y acciones de protección para comunidades indígenas migrantes, así como su participación en la elaboración de planes estatales y municipales de desarrollo.
De la iniciativa que amplía la protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos de la entidad (propuesta asimismo por la gobernadora), se avaló crear un Directorio Voluntario de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos; implementar protocolos para el reconocimiento, intervención, interacción y atención en casos de emergencia, y su acceso a atención médica, programas sociales y gastos funerarios.
Cabe señalar que, como vocal de la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense, el diputado Juan Zepeda impulsó una reforma integral para agilizar y modernizar el trabajo parlamentario mediante reglas más flexibles y el uso de tecnología; la integración de las nuevas comisiones legislativas de Seguimiento a los Casos de Amnistía y Especial para el Cuidado y Bienestar Animal; y el nuevo Reglamento Interno del Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México, con el objetivo de fortalecer su funcionamiento, modernizar su estructura y consolidarlo como un órgano técnico especializado en capacitación, investigación y profesionalización parlamentaria.
Por otro lado, entre las iniciativas que se encuentran en estudio, en el rubro de movilidad destacan la que busca modificar el programa ‘Hoy No Circula’ (cuyo objetivo es prevenir, minimizar y controlar las emisiones contaminantes provenientes de fuentes móviles) para que las sanciones no incluyan la retención ni el envío de vehículos al corralón; y someter a consulta pública el aumento de tarifas en las autopistas estatales de cuota; así como un punto de acuerdo para exhortar a la autoridad respectiva a otorgar un descuento permanente mayor al 80 por ciento en el peaje a personas residentes de las comunidades colindantes de las casetas ‘La Finca Troncal’ y ‘La Finca Auxiliar’ de la autopista Toluca–Ixtapan de la Sal.
En salud, la bancada planteó que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, en coordinación con las de Salud, Bienestar y del Campo elaboren guías nutrimentales basadas en estudios regionales, orientadas al consumo local en favor de la sana alimentación de las y los educandos, así como de sus familias; crear una plataforma digital de consulta de disponibilidad de medicamentos y vacunas, cuya consulta evitaría desplazamientos innecesarios, saturación de unidades médicas, pérdida de tiempo, costos adicionales y el abandono del tratamiento; y reembolsar gastos por medicamentos, insumos y tratamientos no suministrados, por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, a las personas derechohabientes.
En cuanto a las infancias, solicitó que las y los menores que viven con su madre en un centro penitenciario o quienes, sin residir en él, dependen de una persona en prisión, sean reconocidos como de ‘atención prioritaria’ por las autoridades relacionadas para prevenir y atender cualquier forma de discriminación o violencia en su contra, promover entornos de cuidado seguros y asegurar la continuidad de servicios para este sector.
Del mismo modo, garantizar que ninguna medida administrativa o económica impuesta a madres, padres de familia o tutores resulte en la suspensión del acceso de niñas y niños a estancias infantiles y jardines de niños dependientes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México.
Para el ámbito educativo, formuló que, en los centros escolares públicos y privados, se permita el uso de uniforme neutro, de modo que el alumnado pueda elegir libremente entre pantalón o falda para asistir a clases. En tanto, para la Universidad Autónoma del Estado de México planteó que la persona titular de la Rectoría, así como quienes encabecen los organismos académicos, centros universitarios y planteles de la Escuela Preparatoria, sean elegidas mediante voto universal.
En este tema, MC propuso un exhorto a la persona titular del Ejecutivo estatal, a sus dependencias y a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX) para que diseñen, presupuesten e implementen una estrategia de descentralización y ampliación de la oferta educativa superior y técnico-profesional.
En el rubro de seguridad pública presentó una iniciativa para establecer como obligación del gobierno estatal y de los municipios que sus instancias de seguridad elaboren, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos estatal, protocolos especializados para la actuación policial en la atención de manifestaciones, marchas o protestas.
Para aspectos de gobierno, ingresó una propuesta para reconocer en la Constitución estatal el derecho de toda persona a entender la información que emiten las instituciones; en lo laboral, promovió la obligación de la administración pública estatal y municipal de adoptar acciones afirmativas, metas progresivas de contratación y apoyos fiscales para empresas que generen empleos formales destinados a personas con discapacidad mental.
También presentó propuestas para que los ayuntamientos promuevan la creación, habilitación y recuperación de espacios públicos juveniles destinados a la cultura física, el deporte, la recreación y el desarrollo integral del sector; y reconocer a la técnica del pan de pulque de Villa Guerrero como patrimonio cultural inmaterial de la entidad.
En favor de dos millones 786 mil 679 mexiquenses que presentan alguna discapacidad, planteó fortalecer la inclusión laboral de ese sector poblacional, mediante la obligación de la administración pública estatal y municipal de adoptar acciones afirmativas, metas progresivas de contratación y apoyos fiscales para empresas que generen empleos formales.
En materia ambiental, solicitó que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la entidad, en coordinación con los municipios, establezca mecanismos para el manejo regional de los residuos plásticos agrícolas y florícolas generados en zonas productivas prioritarias del territorio estatal.
Este recuento incluye el Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, los periodos extraordinarios sexto y séptimo, y las sesiones de la Diputación Permanente.
