Claudia Zavala Martínez
Toluca, Méx. Aunque no existe una cifra oficial que determine cuántas personas inocentes se encuentran privadas de la libertad en el Estado de México, sí hay un dato que preocupa a especialistas en derechos humanos y justicia: miles de personas permanecen encarceladas sin haber recibido una sentencia, lo que evidencia los retos que enfrenta el sistema penal para garantizar procesos ágiles y el respeto al principio de presunción de inocencia.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al cierre de 2024 más de 85 mil personas permanecían en prisión preventiva sin sentencia en México, equivalente al 36.3 por ciento de la población penitenciaria del país.
En el caso del Estado de México, la entidad concentra una de las mayores poblaciones penitenciarias a nivel nacional. El Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios del INEGI señala que las personas que permanecen sin sentencia lo hacen bajo la figura de prisión preventiva oficiosa, medida cautelar que implica permanecer en un centro penitenciario mientras se desarrolla el proceso judicial.
Especialistas advierten que la prisión preventiva no debe confundirse con una condena, ya que las personas sujetas a esta medida conservan el derecho a la presunción de inocencia hasta que un juez determine su responsabilidad penal. Sin embargo, la prolongación de los procesos judiciales puede traducirse en años de reclusión antes de obtener una resolución definitiva.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado casos de personas que, tras pasar largos periodos en prisión preventiva, fueron absueltas por falta de pruebas o por irregularidades en las investigaciones. No obstante, no existe un registro oficial que permita conocer cuántos de estos casos corresponden específicamente al Estado de México.
Juristas consideran que la sobrecarga de expedientes, la falta de recursos en las fiscalías y tribunales, así como el uso extendido de la prisión preventiva oficiosa para determinados delitos, son factores que contribuyen al rezago judicial.
El debate sobre esta medida ha cobrado relevancia en los últimos años debido a que organismos nacionales e internacionales han señalado la necesidad de fortalecer los mecanismos que garanticen juicios oportunos y eviten que personas permanezcan privadas de la libertad durante largos periodos sin una sentencia definitiva.
Mientras tanto, el desafío para las autoridades consiste en equilibrar la seguridad pública con el respeto a los derechos fundamentales, evitando que la prisión preventiva se convierta, en la práctica, en una pena anticipada para quienes aún esperan que la justicia determine su situación jurídica.
