La bancada priista, coordinada por el diputado Elías Rescala, también promovió una reforma en favor de las comunidades indígenas y afromexicanas, y un exhorto a autoridades para homologar el listado estatal de comunidades originarias con el catálogo nacional
Redacción El Monitor
Toluca, México. Del 31 de enero al 15 de julio de 2026, el Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI), coordinado por el diputado Elías Rescala Jiménez, logró aprobaciones para reconocer el trabajo del hogar, impulsar el uso responsable de la Inteligencia Artificial (IA) en escuelas, expedir una Ley de Salud, y ampliar los derechos de comunidades indígenas y afromexicanas.
También promovió la aprobación de un exhorto a las personas titulares del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para homologar el listado estatal de comunidades originarias con el catálogo nacional.
Entre las reformas avaladas del grupo parlamentario, destaca la que reconoce el trabajo del hogar como aportación económica para su valoración en juicios por alimentos, guarda y custodia, compensaciones y liquidación de regímenes patrimoniales.
Con este decreto se establece que, para acceder a este derecho, se tomarán en cuenta criterios como el tiempo destinado a las labores domésticas y de cuidado; la renuncia, limitación o afectación de oportunidades laborales, profesionales o académicas derivadas de estas actividades; así como las responsabilidades asumidas en el cuidado y desarrollo integral de quienes integran la familia.
La reforma señala que, en casos de divorcio o concubinato, quien se haya dedicado principalmente al trabajo del hogar no remunerado tendrá derecho a recibir entre 40 y 50 por ciento de los bienes adquiridos durante la relación, así como alimentos en caso de carecer de recursos o estar imposibilitado para trabajar. Además, garantiza pensión alimenticia para hijas e hijos menores de edad o estudiantes, personas con discapacidad y adultas mayores.
En materia educativa, impulsó una reforma para promover entre docentes y alumnado de nivel medio superior y superior el uso responsable, ético y gradual de la IA con fines educativos, para lo cual el Poder Ejecutivo dispondrá de los recursos humanos y financieros necesarios para la implementación del decreto.
De acuerdo con la bancada priista, la medida fortalece la formación académica de las y los estudiantes al incorporar a esta inteligencia como herramienta pedagógica para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con un enfoque más personalizado, inclusivo y eficiente.
Asimismo, con el propósito de garantizar el derecho a la atención médica, delimitar responsabilidades institucionales y fortalecer la coordinación en el sector, se aprobó expedir la Ley de Salud del Estado de México.
En este proyecto legislativo se integraron 15 iniciativas presentadas por los distintos grupos parlamentarios: una del PRI, tres de morena, dos del PVEM, una del PT y un ciudadano, dos del PAN, tres de MC, dos del PRD y una de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
La nueva legislación contempla acciones específicas para la atención conjunta del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis; emergencias obstétricas y condición materno perinatal; servicios para la interrupción del embarazo; así como el cuidado de infancias, adolescencias y personas adultas mayores para un envejecimiento saludable.
Igualmente, reconoce por primera vez los derechos de personas usuarias y pacientes mediante un catálogo que incluye trato digno, consentimiento informado, confidencialidad, acceso al expediente clínico, atención de urgencias y medicamentos.
El ordenamiento identifica como grupos de atención prioritaria a personas adultas mayores; mujeres y personas gestantes; niñas, niños y adolescentes; personas con discapacidad; en situación de calle; integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ (Lésbica, Gay, Bisexual, Transgénero, Travesti, Transexual, Intersexual, Queer y más); personas migrantes; pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; así como víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos.
La ley se sustenta en principios como gratuidad en el sector público, calidad, humanismo, interés superior de la niñez, perspectiva de género, progresividad, universalidad, justicia social, atención etaria y sostenibilidad.
Por otro lado, la bancada logró la aprobación para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su libre determinación en el marco de la unidad nacional.
Este proyecto legislativo, que conjuntó propuestas del PRI, MC y la gobernadora, establece que estas comunidades podrán decidir sus formas internas de gobierno, organización social, económica, política y cultural, además de aplicar sus propios sistemas normativos para resolver conflictos internos con apego a las constituciones y al respeto de los derechos humanos.
La reforma fortalece los derechos culturales, lingüísticos y territoriales de los pueblos indígenas y admite que puedan preservar y desarrollar su patrimonio cultural y sus lenguas, participar en modelos educativos con enfoque pluricultural, promover la medicina tradicional y acceder al uso preferente de los recursos naturales en los lugares que habitan, respetando los derechos de terceros.
Asimismo, tendrán garantizado el acceso a la justicia estatal con apoyo de intérpretes, traductores y especialistas en materia indígena, además del derecho a ser consultados sobre medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles.
Por otro lado, las autoridades estarán obligadas a impulsar políticas públicas para fortalecer el desarrollo integral de estas comunidades. Esto incluye asignar presupuesto directo, ampliar servicios básicos, promover vivienda digna, educación intercultural y participación igualitaria de las mujeres indígenas.
También se contempla el impulso a infraestructura, transporte, proyectos productivos y acciones de protección para comunidades indígenas migrantes, así como su participación en la elaboración de planes estatales y municipales de desarrollo.
En este contexto, el grupo parlamentario presentó un punto con el que se exhortó a las personas titulares del despacho de la Vocalía Ejecutiva del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, y de la Dirección General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a realizar las acciones necesarias para homologar el Listado de Localidades Indígenas del Estado de México con el Catálogo Nacional de Localidades Indígenas.
El exhorto señala que el Catálogo Nacional considera actualmente 71 pueblos y 16 mil 44 comunidades indígenas, de las cuales 647 son mexiquenses, mientras que la legislación estatal reconoce los derechos de los pueblos Mazahua, Otomí, Náhuatl, Tlahuica y Matlatzinca, además de comunidades originarias provenientes de otras entidades, con presencia en 840 localidades del estado.
Adicionalmente, como vicepresidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Elías Rescala impulsó una reforma integral para agilizar y modernizar el trabajo parlamentario mediante reglas más flexibles y el uso de tecnología; la integración de las nuevas comisiones legislativas de Seguimiento a los Casos de Amnistía y Especial para el Cuidado y Bienestar Animal; y el nuevo Reglamento Interno del Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México, con el objetivo de fortalecer su funcionamiento, modernizar su estructura y consolidarlo como un órgano técnico especializado en capacitación, investigación y profesionalización parlamentaria.
Este recuento incluye el Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, los periodos extraordinarios sexto y séptimo, y las sesiones de la Diputación Permanente.
