Pese a compartir militancia en Morena, la funcionaria litigó 31 juicios para destapar el bloqueo administrativo del alcalde Jaime Torres Marín; el caso escaló ante el IEEM y la fiscalía por amenazas
Ana Lilia García Castelán
Toluca, México. La opacidad y el bloqueo institucional dentro del gobierno municipal de San Felipe del Progreso quedaron formalmente acreditados por la justicia electoral. El Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) determinó que la síndica Patricia Eugenia González Alcántara ha sido víctima de violencia política por parte del alcalde Jaime Torres Marín, así como de los titulares de la Secretaría del Ayuntamiento, la Tesorería y la Dirección de Administración.
El fallo contundente del tribunal es el resultado de una prolongada batalla jurídica articulada en 31 expedientes, los cuales fueron agrupados y resueltos en bloque. Las autoridades electorales concluyeron que las trabas impuestas a la funcionaria no constituían hechos aislados o incidentales, sino una estrategia coordinada e intencional para estrangular operativamente su oficina y frenar sus facultades constitucionales de vigilancia presupuestal.
Desde el arranque del periodo de gobierno, la representación legal del municipio enfrentó una cerrazón sistemática a la información pública. Documentos cruciales como informes trimestrales, estados financieros de la cuenta pública, transferencias de participaciones, padrones de nómina y expedientes técnicos de obras públicas le fueron denegados de forma sistemática, bloqueando de raíz sus facultades de fiscalización de la hacienda municipal.
A la par del cerco informativo, la administración local emprendió un desmantelamiento físico y humano del área a su cargo. González Alcántara denunció que, de manera progresiva, le retiraron el vehículo oficial asignado para sus recorridos en las comunidades y le quitaron a todo el personal adscrito a su ponche operativo. Hoy en día, la representante jurídica realiza sus labores en total aislamiento administrativo, cubriendo insumos básicos e impresiones con dinero de su propio patrimonio.
“Ellos querían que se vieran como asuntos aislados, pero no es así; un acto fue llevando al otro y el tribunal reconoció esa secuencia. No es un capricho personal, estoy exigiendo lo mínimo para vigilar el recurso público que pertenece a los ciudadanos”, manifestó en entrevista la edila, marcando distancia de los regidores, quienes sí cuentan con partidas y personal de apoyo.
El conflicto en este municipio de la región norte mexiquense tomará una nueva directriz en los próximos días. El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) revisa una querella interpuesta contra el edil Jaime Torres Marín y otros mandos locales para sancionar si este cerco operativo configura violencia política en razón de género, lo que podría derivar en la inscripción de los imputados en los registros de agresores electorales.
A la pugna por la transparencia se suma un delicado componente de seguridad. González Alcántara responsabilizó públicamente al edil de Morena y a sus colaboradores directos de cualquier atentado contra su integridad personal o la de sus familiares, tras haber formalizado denuncias por presuntas amenazas.
A pesar del entorno adverso y rechazando que las diferencias obedezcan a un bache partidista entre correligionarios, la síndica aseguró que mantendrá su presencia en las comunidades originarias del municipio y continuará con la revisión de las cuentas locales hasta el último día de su encomienda constitucional.
