Redacción El Monitor
Toluca, México. Para frenar las carencias con las que operan los combatientes de incendios forestales, el Grupo Parlamentario del PVEM presentó una iniciativa en el Congreso local que busca obligar legalmente a la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque) y a los 125 ayuntamientos a garantizar recursos humanos, materiales y financieros permanentes para las brigadas de emergencia.
La propuesta, impulsada por el diputado Isaías Peláez Soria ante la Diputación Permanente de la LXII Legislatura, plantea reformar el Código para la Biodiversidad de la entidad. El objetivo central es que el equipamiento especializado, la capacitación continua, los estímulos económicos y las condiciones de trabajo dignas dejen de depender de la voluntad política y se conviertan en un mandato legal.
El dato trágico
Durante la exposición de motivos, el legislador Peláez Soria alertó sobre el riesgo extremo que enfrentan estos equipos, recordando que en el país 12 brigadistas perdieron la vida combatiendo el fuego.
Actualmente, Probosque cuenta con un cuerpo de élite de aproximadamente 250 elementos conocidos como ‘Dragones’. Este grupo realiza maniobras de alto riesgo como la apertura de líneas negras, quemas controladas y brechas cortafuego, además de capacitar a ejidatarios y policías locales.
Sin embargo, el marco normativo actual del Estado de México solo contempla la coordinación institucional y la capacitación teórica, dejando un vacío legal que no asegura el financiamiento de sus herramientas ni su seguridad social.
Presupuesto municipal obligatorio
La reforma toca un punto clave: las finanzas locales. De aprobarse, las autoridades municipales estarán obligadas a etiquetar una partida específica en su presupuesto anual exclusivamente para la prevención, control y combate de siniestros forestales, así como para el sostenimiento de sus propias brigadas.
Asimismo, el proyecto estipula que Probosque deberá incluir cláusulas de financiamiento, dotación de equipo y apoyos económicos en cada convenio de colaboración que firme con otros organismos públicos o privados, blindando así la capacidad operativa de quienes defienden los bosques mexiquenses.
