Plantea Eduardo Zarzosa que el 1% del financiamiento público de los partidos políticos se enfoque en capacitación y participación política de comunidades originarias y afrodescendientes
Redacción El Monitor
Toluca, México. – Con el objetivo de fortalecer la participación política de los pueblos indígenas y afromexicanos, el Grupo Parlamentario del PRI presentó una iniciativa para impulsar su inclusión y representación efectiva dentro de la vida democrática y partidista del Estado de México.
El diputado Eduardo Zarzosa propuso que los partidos políticos destinen al menos el 1 por ciento de su financiamiento público ordinario anual a programas de capacitación, acompañamiento institucional, promoción y participación a fin de fortalecer liderazgos propios, culturalmente pertinentes y estrechamente vinculados con las necesidades y realidades de sus comunidades.
“Esta propuesta no se trata únicamente de una reorientación presupuestal, sino de un mecanismo de inclusión democrática que permitirá generar condiciones reales para que las y los indígenas y afromexicanos conozcan, ejerzan y defiendan sus derechos, participen en la vida interna de los partidos políticos; accedan a espacios de poder y, desde ellos, contribuyan a la integración de agendas públicas más representativas, plurales e interculturales”, enfatizó Eduardo Zarzosa.
En este sentido agregó que la iniciativa busca cerrar brechas, fortalecer la participación, la igualdad sustantiva y garantizar que la diversidad cultural del Estado de México se refleje de manera plena en la vida democrática y partidista de la entidad.
“La vida democrática mexiquense no puede limitarse al reconocimiento formal de la diversidad cultural, sino a generar condiciones reales para que dicha pluralidad tenga presencia efectiva en los espacios donde se construyen candidaturas, agendas, plataformas, diagnósticos territoriales y decisiones partidistas” agregó el diputado.
Puntualizó que en un sistema democrático estatal donde la diversidad cultural exige mecanismos de participación incluyentes, la propuesta resulta razonable ya que no representa una carga extraordinaria para el Estado, ni la asignación de recursos adicionales, solo la reorientación de una mínima parte del financiamiento público que reciben anualmente los partidos políticos.
