Ana Lilia García Castelán
Toluca, México. El Secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, se deslindó de los señalamientos vertidos por la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco – quien acusó a subalternos de la dependencia a su cargo de orquestar las indagatorias en su contra-, y advirtió que «el que afirma está obligado a probar», por lo que la instó a presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades ministeriales.
En entrevista con medios de comunicación, el encargado de la política interna de la entidad aclaró que las declaraciones de la alcaldesa no constituyen una acusación directa hacia su persona.
«Ella señaló que había algún personaje de la Secretaría… y yo no soy la Secretaría», acotó Duarte Olivares, haciendo un llamado a la prensa a no distorsionar el sentido de las declaraciones.
El funcionario estatal enfatizó que las acusaciones de la munícipe forman parte de una estrategia de defensa legal ante la investigación que encabeza la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por el presunto delito de simulación de secuestro, relacionado con un supuesto desfalco al erario municipal de 40 millones de pesos.
Duarte Olivares subrayó que el Poder Ejecutivo, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, mantendrá una postura de absoluto respeto a la autonomía de la Fiscalía mexiquense. En ese sentido, demandó que el caso se mantenga estrictamente en el terreno jurídico y no se intente trasladar a la arena política.
Cuestiona viabilidad de que la FGR atraiga el caso
Respecto a la petición formal de la defensa de la alcaldesa de Tenancingo para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación bajo el argumento de que no existen garantías de imparcialidad en el Estado de México, el secretario general se mostró reservado.
Señaló que un salto de competencia de este tipo debe estar firmemente justificado en términos de derecho y no responder únicamente a un recurso discursivo de la defensa, ya que el origen de las indagatorias y la naturaleza de los hechos corresponden de origen a la jurisdicción de la entidad.
Finalmente, Duarte Olivares reiteró que la Secretaría General de Gobierno mantiene una postura institucional y de puertas abiertas, pero insistió en que cualquier presunta irregularidad cometida por servidores públicos de su dependencia debe canalizarse mediante las vías legales conducentes y con las pruebas que lo sustenten.
