Octavio Martínez propone castigar a quien “fabrique” pruebas en procesos jurídicos

Se le castigará con tres a ocho años de prisión, plantea

Redacción El Monitor

Toluca, México,--A quien falsifique pruebas dentro de un proceso penal se le castigará con tres a ocho años de prisión, de cien a quinientos días multa y la destitución e inhabilitación correspondiente en caso de que se trate de un funcionario público, precisó Octavio Martínez Vargas, diputado de morena al presentar, durante la sesión del pleno del Congreso, su iniciativa de reforma al Código Penal y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México.

Si la conducta la realiza un abogado defensor público, se incrementará la pena hasta en una mitad más, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar en materia administrativa, precisó al detallar la iniciativa de reforma.

Octavio Martínez precisó que la reforma tiene el firme objetivo de erradicar y, en su caso sancionar de forma precisa, los actos que consisten en falsedad documental, es decir uso de documentos falsos y/o falsedad en declaraciones ante alguna autoridad, sea cometida por particulares y/o servidores públicos.

El legislador de Ecatepec recordó que no existe una tipificación autónoma y específica que sancione con claridad la falsificación de pruebas dentro de un proceso penal, ni mucho menos que considere una agravante cuando dicha conducta sea cometida por servidores públicos adscritos al sistema de justicia.

Por tal motivo, dijo, es prioridad modificar el referido Código y Ley para sancionar con precisión y contundencia dicha conducta.

En caso de que, como resultado de la falsificación, se haya dictado una sentencia condenatoria contra una persona inocente, la pena se duplicará, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que correspondan, precisa la propuesta.

Recordó que actualmente hay una población de 41 mil personas internadas en penales estatales, sentenciadas y bajo proceso, de las cuales alrededor del 45%, se presume, es inocente porque ha sido víctima de una fabricación de algún delito, por ello la relevancia de su propuesta de reforma, dijo.

La realidad jurisdiccional revela que, en múltiples ocasiones, agentes del Ministerio Público, peritos, policías de investigación e incluso defensores públicos o jueces han incurrido —ya sea por corrupción, abuso de poder o presión institucional— en la introducción, modificación, omisión o fabricación de pruebas en perjuicio de una de las partes del proceso, particularmente del imputado, indica un apartado de la argumentación de la propuesta.

“Si esta reforma no se concreta seguiremos viviendo, desafortunadamente, esta conducta que no corresponde a un estado de derecho”, concluyó.

La propuesta fue turnada a la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y valoración.