Marchan jubilados en Toluca por fraude funerario

Redacción El Monitor

Toluca, México. Este martes decenas de servidores públicos jubilados, en su mayoría profesores, marcharon del monumento a los Maestro hasta la plaza de Los Mártires, para denunciar el presunto fraude cometido por la empresa Grupo CIF, la cual ofrecía seguros funerarios mediante descuentos vía nómina.

Óscar Chávez Espinoza, integrante de la Asociación Civil Mexiquenses por la Transformación Social, dio a conocer que estos descuentos comenzaron en el 2000 y fue promovido por distintas dependencias estatales, incluidos organismos como el ISSEMyM, el ISEM y la Universidad Autónoma del Estado de México, fue presentado a los trabajadores como un beneficio gestionado por el gobierno estatal.

Sin embargo, fue hasta el 2024 que descubrieron que Grupo CIF había desaparecido sin previo aviso. Sus oficinas en Toluca y la Ciudad de México fueron desmanteladas, y los números de contacto ya no ofrecen solución.

No obstante, los descuentos continuaron de manera automática hasta marzo de este año. “El sistema seguía cobrando aunque la empresa ya no existía, y nadie nos dio explicación”, denunció Chávez.

Se estima que más de 150 mil personas fueron afectadas en el Estado de México. El monto total defraudado podría superar de00 millones de pesos ya que cada persona aportó entre 200 y 400 pesos mensuales, acumulando pagos de hasta 40 mil pesos.

De acuerdo con el abogado de los manifestantes, al menos diez personas han fallecido sin recibir los servicios por los que pagaron durante cuatro años.

“Sus familias terminaron cubriendo los gastos funerarios por su cuenta, mientras nosotros seguimos esperando justicia”, afirmó Chávez.

Hasta ahora, se han presentado alrededor de 250 denuncias penales ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Los afectados han pedido un trato digno, ya que muchos son adultos mayores con problemas de salud que deben esperar horas para ratificar sus denuncias.

Ademas, se dio a conocer que el reclamo también se centra en que el gobierno del Estado y los sindicatos permiten que este tipo de esquemas funcionen sin vigilancia y exigen reparación del daño.