La violencia de ‘Los Ardillos’ avanza mientras gobiernos guardan silencio
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(Agencias)
Comunidades y colectivos indígenas de la región Montaña y Costa Chica de Guerrero denunciaron la falta de respuesta de las autoridades estatales y federales frente a los recientes ataques atribuidos al grupo criminal conocido como “Los Ardillos”, organización señalada por operar en distintos municipios del estado mediante extorsiones, desplazamientos forzados y violencia armada.
Representantes comunitarios acusaron que, pese a las múltiples denuncias realizadas en los últimos meses, las acciones de seguridad implementadas por el gobierno han sido insuficientes para contener la presencia del grupo delictivo. Señalaron además que varias localidades permanecen bajo un clima permanente de miedo debido a bloqueos carreteros, amenazas y enfrentamientos armados.
De acuerdo con testimonios de habitantes de la zona, familias enteras han abandonado sus comunidades ante el temor de nuevos ataques. Organizaciones civiles advirtieron que la situación ha provocado crisis alimentarias, suspensión de clases y dificultades para el acceso a servicios básicos en diversas localidades rurales.
Los colectivos indígenas también cuestionaron la ausencia de una estrategia integral de seguridad y atención humanitaria para las comunidades afectadas. Aseguran que las autoridades suelen desplegar operativos temporales tras hechos violentos, pero sin garantizar presencia permanente ni condiciones de seguridad para la población.
En un pronunciamiento conjunto, líderes comunitarios exigieron investigaciones efectivas sobre los hechos de violencia y pidieron al gobierno federal reforzar la presencia institucional en la región. Asimismo, demandaron medidas de protección para defensores comunitarios y autoridades locales que, afirman, han sido objeto de amenazas por denunciar la situación.
La organización criminal “Los Ardillos” ha sido vinculada en distintos reportes de seguridad con actividades de narcotráfico, control territorial y disputas armadas en Guerrero. Su presencia se ha intensificado particularmente en regiones rurales donde operan grupos de autodefensa y policías comunitarias.
Hasta el momento, autoridades estatales no han emitido una postura detallada sobre las denuncias recientes realizadas por los colectivos indígenas, mientras que organizaciones defensoras de derechos humanos alertaron sobre el riesgo de que la violencia continúe escalando en la entidad.