La Coparmex hace enérgico llamado a los senadores a no desmantelar el Poder Judicial

Redacción El Monitor

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un “firme y enérgico llamado” a los senadores a no aprobar una reforma constitucional que, “lejos de fortalecer al Poder Judicial, comprometería su independencia” y sería “un retroceso en la división de poderes y el respeto al Estado de derecho”.

El llamado sindicato patronal urgió a atender la propuesta de Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, de crear una reforma integral que incluya a los poderes judiciales y fiscalías estatales.

Consideró que las propuestas como la estandarización de las reglas de la carrera judicial en los poderes judiciales, el fortalecimiento del juicio de amparo, así como la derogación de la prisión preventiva oficiosa son acertadas y deben ser incluidas en cualquier discusión sobre la reforma al sistema judicial.

Exhortó a los senadores de oposición “a mantenerse firmes y resistir las presiones externas”, pues cambios tan trascendentales “no deben decidirse de manera unilateral, sino con la contribución activa de todos los sectores de la sociedad”.

En tanto, la cúpula del sector privado en el país, a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), hizo un llamado a los senadores a permitir “una discusión deliberada, extensa y con el tiempo suficiente para analizar, ponderar y debatir” las modificaciones que se requieren en el Poder Judicial.

El organismo que aglutina a más de 2 mil asociaciones y alrededor de 80 por ciento del PIB de México, a través de un pronunciamiento público, advirtió que la reforma constitucional “debe ser discutida y analizada a profundidad y con responsabilidad por todos los actores, para salvaguardar los derechos fundamentales y los compromisos internacionales de México en el ámbito de los derechos humanos, laborales y ambientales, así como los tratados comerciales y de inversión”.

El organismo empresarial, que preside Francisco Cervantes, indicó que el sistema de justicia debe “brindar certeza jurídica, Estado de derecho y un ambiente propicio para la inversión”.