Congreso mexiquense aprueba hasta 16 años de prisión por delitos digitales contra menores

Ana Lilia García Castelán

Toluca, México.  En una decisión unánime tomada este miércoles, el Congreso del Estado de México aprobó una reforma legal que endurece las penas contra quienes utilicen tecnologías de la información, medios electrónicos o escritos para contactar a menores de edad con fines sexuales o para obtener material audiovisual explícito. Las sanciones podrán alcanzar hasta 16 años de prisión y multas de 800 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a 90 mil 515 pesos.

La iniciativa, promovida por Morena, busca proteger a los 3.2 millones de niñas y niños mexiquenses, estableciendo un marco legal más riguroso frente a delitos que vulneran su integridad.

Penas diferenciadas y protección reforzada

El dictamen contempla penas de hasta ocho años de prisión y multas de 400 UMA (45 mil 256 pesos) para quienes cometan este delito contra cualquier persona. Sin embargo, las sanciones se duplicarán si las víctimas son menores de edad, personas con discapacidad cognitiva o quienes requieran apoyos extraordinarios para comprender el significado de los hechos, independientemente de si hubo coacción, intimidación o engaño.

Durante la sesión legislativa, el diputado Román Francisco Cortés Lugo (PAN) destacó la importancia de garantizar la protección integral de la infancia mexiquense. En ese sentido, se asigna un papel clave a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en la evaluación del perdón legal cuando las víctimas sean menores.

Reformas estructurales y atención prioritaria

La iniciativa contempla modificaciones al Código Penal, la Ley de Víctimas, el Código Administrativo y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, todas de carácter estatal. Se establece el principio del interés superior de la niñez como eje rector en la atención de delitos cometidos contra este grupo poblacional.

Además, se obliga a las instituciones de salud a brindar atención inmediata y prioritaria a menores víctimas de violencia, notificando de forma obligatoria a la Procuraduría de Protección y al Ministerio Público para activar medidas urgentes; también se refuerza la atención psicosocial, jurídica y médica por parte de las instancias estatales, con el objetivo de garantizar la restitución integral de derechos y la reparación del daño.

Un paso firme hacia la protección infantil

Con esta reforma, el Congreso mexiquense da un paso firme en la defensa de los derechos de la infancia, adaptando el marco legal a los desafíos que plantea el uso de tecnologías en la comisión de delitos. La aprobación unánime refleja el consenso político sobre la urgencia de proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.